La cancelación de la garantía en la importación temporal. Sus efectos

POR FERNANDO G. CAMAUËR

Hemos podido observar en actuaciones contenciosas, originadas en el presunto incumplimiento de importaciones temporales de insumos para perfeccionamiento, que en diversas resoluciones o pronunciamientos de la autoridad aduanera o del Tribunal Fiscal de la Nación se prescinde expresamente o se soslaya la consideración de los efectos que puede tener para el juzgamiento la cancelación (liberación) de la garantía prestada en oportunidad de la introducción a plaza de la mercadería. Creemos que la cuestión merece ser analizada y objeto de algunas precisiones.

La garantía exigida respecto a los tributos de importación, cuando se realiza una importación temporal, tiene como finalidad u objeto garantizar el cumplimiento de esa operación, asegurando al Fisco-Aduana el cobro de los tributos dispensados en el momento de introducirse la mercadería al territorio aduanero, si se llega a dar alguno de los supuestos contemplados por los artículos 261 y 274 del Código Aduanero. El presupuesto que habilita la ejecución de esta garantía es la existencia de una resolución consentida o de una sentencia que cause ejecutoria, que establezca el incumplimiento producido. Los casos están expresamente contemplados como “configuración del siniestro” en el texto de la póliza de caución que cumple tal función de garantía (cfr. arts. 461, 462, 473 inc. c), 638 inc. e) y concordantes del Código Aduanero).

Ahora bien, la devolución de la garantía al importador o al garante implica necesariamente que ha concurrido en el caso alguna de estas causales:

1) Haber acreditado ante el servicio aduanero el cumplimiento de la importación temporal, sea mediante las exportaciones a las que el interesado se hubiera obligado o la nacionalización de la mercadería dentro del plazo acordado; asimismo, requiere la autorización expresa del funcionario competente para que el sector u oficina a cargo de la guarda de los respectivos documentos que instrumentan la garantía cumpla con su entrega o devolución a quien corresponda.

2) Haber autorizado mediante la actuación correspondiente por parte de la autoridad aduanera la sustitución o reemplazo de la garantía original.

El primer supuesto es el que nos interesa considerar porque en caso de sustitución o reemplazo subsiste obviamente la garantía que resguarda la operación.

En relación a este supuesto entendemos que la vinculación jurídica entre una garantía y la operación y su cumplimiento es indisoluble. El servicio aduanero no puede desprenderse sin causa legal de este medio que resguarda el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el importador, y si llegara a hacerlo, se configuraría un comportamiento delictivo por parte de las personas y los agentes públicos involucrados en el hecho.

Desde ya que de haberse liberado y devuelto la garantía, ello no sería óbice para que la Aduana pueda llegar a impugnar la devolución culposa o dolosa cumplida a través o mediante el concurso de su personal y sostener la subsistencia de la obligación del importador y del garante, pero obviamente para ponerse en esta posición tiene que invocar el hecho irregular e ilícito y acreditarlo suficientemente en las actuaciones donde así lo plantea.

Por otra parte, de acuerdo con los términos en que la compañía aseguradora debe confeccionar la respectiva póliza de caución que le haya sido requerida, ella, de acuerdo con las leyes aduaneras, asume el carácter de principal pagador u obligado solidario sin beneficio de excusión, es decir lisa y llanamente el de un co-deudor solidario de la obligación (conf. artículos 505, 706, 707, 2005 y 2013 incs. 2, 3 y 9 del Código Civil). Lo cual implica que la cancelación y devolución de la garantía presume, salvo prueba que establezca la ilicitud de ella, el cumplimiento de la obligación hasta la suma garantizada más sus intereses hasta el momento de disponerse esa liberación. (1)

Más aún, puede llegar a sostenerse que si el servicio aduanero ha cancelado la garantía y devuelto la póliza correspondiente, en tanto ello supone el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la importación, el importador podría considerarse legítimamente relevado de la obligación de mantener a disposición del servicio aduanero la documentación completa y necesaria para acreditar ese cumplimiento en el caso que, por deficiencias de registros o traspapelamiento de actuaciones, la Administración Aduanera llegara a pedírselo.

Por lo tanto, podemos considerar que la cancelación y devolución del documento de garantía constituye una prueba complementaria insoslayable del cumplimiento de la destinación temporal, al que, si se suma el aporte de copias de las exportaciones invocadas, permitirá descartar toda duda que pudiera plantearse respecto al incumplimiento imputado.

Podemos apuntar también que en los casos en que la Administración Aduanera hizo entrega del instrumento de garantía si bien dictó condena contra el importador, no mantuvo la acción contra el garante, lo que refuerza la presunción de que la devolución había sido hecha en forma regular y mediante las actuaciones correspondientes.

Concluyo señalando que, aún en el caso de que no se considerara suficientemente acreditado el cumplimiento de la importación temporal, no procedería mantener el reclamo de pago de tributos e intereses, ya que surge una presunción concluyente de haber quedado el garante y tomador-importador liberado de esa obligación mediante el acto que efectivizó la devolución del instrumento; salvo claro está que, como se dijera antes, la Aduana invoque y compruebe que esta devolución careció de causa y fue obtenida fraudulentamente, o se hubiese incurrido en error al disponerla. En tales casos, el Fisco podrá y deberá dirigir sus acciones contra todos los responsables.



(1) Art. 505: “Los efectos de las obligaciones... Respecto del deudor, el cumplimiento exacto de la obligación le confiere el derecho de obtener la liberación correspondiente, o el derecho de repeler las acciones del acreedor, si la obligación se hallase extinguida o modificada por una causa legal.”
Art. 706: “El deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores, si antes no hubiese sido demandado por alguno de ellos, y la obligación queda extinguida respecto de todos. Pero si hubiese sido demandado por alguno de los acreedores, el pago debe hacerse a éste.”
Art. 707: “La novación, compensación o remisión de la deuda, hecha a cualquiera de los acreedores y con cualquiera de los deudores, extingue la obligación.”
Art. 2005: “Cuando alguien se obligare como principal pagador, aunque sea con la calificación de fiador, será deudor solidario, y se le aplicarán las disposiciones sobre los codeudores solidarios.”
Art. 2013: “No le es necesaria al acreedor la previa excusión en los casos siguientes: … 2º cuando la fianza fuese solidaria; 3º cuando se obligó como principal pagador;… 9º si la deuda fuere a la hacienda nacional o provincial.”