El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) es un organismo inter-gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Fue establecido en 1989 por el G7, y en abril de 1990 el GAFI dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones que proveen un diseño de la acción necesaria para luchar contra el lavado de dinero.
Estas recomendaciones fueron reformuladas en 1996 y 2003, para reflejar los cambios en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas. En el año 2001, emitió las Recomendaciones Especiales (9) para combatir el Financiamiento del Terrorismo.

Posee dos mecanismos básicos de evaluación de la aplicación de sus Recomendaciones:

- Los ejercicio de auto-evaluación

- Las evaluaciones mutuas

Los ejercicios de auto-evaluación consisten en la respuesta de cada país respecto de la situación en torno a la aplicación de los criterios contenidos en las 40 + 9 Recomendaciones del Grupo. Estos ejercicios se realizan una vez al año, y tienen por objeto monitorear la evolución de los países respecto de sus sistemas anti-lavado de dinero, y armonizar la legislación en la materia, siempre siguiendo como criterio las 40 + 9 Recomendaciones.

Las evaluaciones mutuas constituyen el proceso mediante el cual el GAFI examina el nivel de cumplimiento de los criterios y recomendaciones que formula en materia de prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Todos los países que integran el organismo son sometidos a este proceso de evaluación el cual culmina en un documento (Reporte) que da cuenta de la situación general de cada país evaluado frente a dichas problemáticas.

En el proceso de evaluación toman parte especialistas de diferentes países (de las áreas financiera, legal y operativa, fundamentalmente), quienes integran un equipo evaluador que visita el país objeto de evaluación, con la finalidad de entrevistarse con las autoridades de los diferentes organismos que, directa o indirectamente, tratan la problemática del lavado de activos y del financiamiento de actos terroristas.

Previo a la visita, el país evaluado debe responder un Cuestionario (Metodología Común de Evaluación) estructurado en torno a 120 criterios que abordan desde las medidas referentes a la justicia penal y la cooperación internacional, el marco jurídico e institucional para las instituciones financieras y su efectiva aplicación, y los criterios específicos para el sector bancario, de seguros y de valores.

En líneas generales, esta metodología de evaluación establece que un adecuado marco legal institucional destinado a prevenir y controlar el lavado de activos y el el terrorismo debe incluir:

- Leyes que tipifiquen el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y que impongan obligaciones a las instituciones financiera.

- Un apropiado marco institucional administrativo.

- Leyes que provean a las autoridades competentes de las tareas, poderes y sanciones necesarias; así como también.

- Políticas sostenibles para el sector financiero.

- Infraestructura desarrollada del sector público.

- Códigos que aseguren el comportamiento ético y profesional de las personas.

Los criterios de evaluación utilizados para calificar el nivel de cumplimiento en cada caso son:



- "Cumplido"

- "Mayormente cumplido"

- "Materialmente no cumplido"

- "No cumplido"



Asimismo, el Reporte contiene un capítulo en el que se formula un "Plan de Acción" (recomendado) para mejorar el nivel de cumplimiento de las Recomendaciones, en el que se describen las acciones que el país evaluado debería seguir para cumplir en forma completa con las pautas establecidas por el organismo.

Una vez discutido el informe elaborado por el equipo evaluador, el mismo se somete a consideración del Plenario para su eventual aprobación.