Jairo Straccia
Periodista

El Gobierno no tiene previsto aplicar ningún tipo de política sectorial para mejorar la competitividad, así se trate de bajar impuestos, como ha dicho en reiteradas ocasiones todo el equipo económico, para evitar reclamos en cadena.

Así se lo hicieron saber la semana pasada funcionarios clave del Ministerio de Economía a representantes fabriles que le llevaron una idea para derivar aportes patronales y compensar así la pérdida de competitividad que están atravesando en este contexto donde, además, hay más bienes llegando del exterior.

Hacía varias semanas que distintos referentes de sectores industriales mano-de-obra-intensivos venían tramitando una reunión con funcionarios del Gobierno hasta que, finalmente, llegó la convocatoria para concurrir a una reunión.

La preocupación tenía que ver con las dificultades que atraviesan sectores como el calzado o la indumentaria para competir en el mercado doméstico ante el creciente ingreso de mercadería importada de la mano de menores aranceles y un tipo de cambio que se mueve poco.

Después de mucho trajinar despachos, la semana pasada el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, hizo un lugar en su agenda y escuchó en el Palacio de Hacienda a distintos dueños de fábricas locales de distintos tamaños.

Los empresarios le llevaron una propuesta concreta: la posibilidad de que le tomen aportes patronales a cuenta de futuros pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una medida con la que buscaban abaratar la contratación de personal y poder mejorar la competitividad vía "baja de impuestos" como han dicho en numerosas oportunidades distintas tos funcionarios.

El costo fiscal de la medida era bajo, a criterio de los industriales -en su mayoría Pymes- que ven con inquietud el futuro de sus compañías si se mantienen las actuales condiciones macro.

La reacción de Lavigne en un primer momento pareció positiva, contaron a El Cronista, como si hubiera acompañado al menos el espíritu de la idea. Pero aclaró que debía consultar la viabilidad con la Secretaría de Hacienda, que conduce Carlos Guberman.

El rechazo al plan industrial
La respuesta desde esa área fue contundente: "No hacemos políticas sectoriales de ningún tipo". En los equipos de Guberman abundaron en la idea de que, si le abren la puerta a un sector, es posible que luego vengan todos los demás a reclamar la ayuda del Estado. De esa forma, cualquier "costo fiscal menor" puede transformarse en una erogación mayor que ponga en duda el equilibrio fiscal y, por lo tanto, según el Gobierno, todo el programa económico.

"Fue muy frustrante", confiaron algunos de los participantes que, si bien no albergaban muchas esperanzas respecto de alguna medida concreta, se habían entusiasmado ante la primera escucha de Lavigne.

En el Gobierno, en tanto, solo les dejaron trascender a los industriales que están trabajando en una política general de la reducción de impuesto a los créditos y débitos bancarios para que pueda ser tomado a cuenta de otros tributos, pero que de ninguna manera habrá paquetes de medidas parciales o para un determinado tipo de actividad. Se trata de la respuesta que le suelen dar al campo también cuando reclama una baja de retenciones.

De esta manera, la administración de Javier Milei ratifica una lógica particular para la producción local, donde se incentiva la competencia con el exterior, de la mano de un tipo de cambio bajo y menos restricciones comerciales, pero por ahora no se alivia la carga impositiva de segmentos puntuales que se vean amenazados por un contexto global de más saldos exportables producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los servicios, otra señal de alerta
En este contexto, la situación que atraviesa la compañía de software Globant genera interrogantes respecto de si se trata de un problema puntual o si es la punta de un iceberg sobre la sostenibilidad de un sector donde el tipo de cambio es crucial en el manejo de los costos en dólares.

La compañía anunció que cerrará las oficinas de Ushuaia, en Tierra del Fuego, y Resistencia, en Chaco, porque se trata de dependencias con "extremada baja ocupación". "Mantenerlas significa un esfuerzo que no se justifica por su baja utilización", indicaron en un correo electrónico a sus empleados.

El mensaje llegó en medio de versiones desde fuentes gremiales que indican que se estaban llevando a cabo unos 1000 despidos en total, lo que al mismo tiempo alertó a todo el sector que cuenta con muchas pequeñas y medianas empresas que lo miran como un posible anticipo de, entre otros factores, cómo puede impactar también la irrupción de la inteligencia artificial para la programación y la elaboración de software que antes hacían profesionales de la informática y ahora puede hacerse con robots.

"En Globant seguimos contratando y expandiéndonos: en el último trimestre anunciamos un crecimiento del 8%, abrimos oficinas en ciudades como Riyadh, y expandimos proyectos con nuestros clientes más importantes en todo el mundo. Como siempre, vamos adecuando el equipo a las necesidades del negocio y la performance de la gente", indicaron desde la empresa en un comunicado.

Con más de 5000 empleados en el país, el futuro de uno de los llamados "unicornios" argentinos no deja de ser una señal de alarma sobre todo al observarse cómo evolucionó la acción que cotiza en Estados Unidos en lo que va del año: en febrero valía US$ 228 y ayer cotizaba a US$95.

La caída muy superior al promedio del mercado tiene múltiples explicaciones posibles, desde el bajo crecimiento de la empresa, hasta el aumento de costos y el impacto ahora de la IA en el corazón del negocio.

Lo cierto es que en el mercado también se toma como señal que desde 2023 y hasta ahora, tres de los cuatro fundadores de la compañía vendieron acciones por al menos unos US$13,7 millones. Martín Migoya, actual CEO, Néstor Nocetti, hoy vicepresidente ejecutivo y Guibert Engliebenne, actual CTO, vendieron unas 74000 acciones, el 0,17% del total, según los formularios presentados en la SEC, la comisión de valores de Estados Unidos.