El Gobierno Nacional derogó el Decreto N° 71.178 del 20 de noviembre de 1935, que regulaba la tipificación, empacado y fiscalización de hortalizas frescas destinadas a la exportación.

Esta decisión busca eliminar regulaciones que, según el Ejecutivo, han quedado obsoletas y generan trabas en la operatoria actual del sector hortícola. El decreto derogado imponía exigencias sobre el embalaje y la habilitación de las plantas de origen, que ya no se ajustan a las prácticas comerciales ni a las normativas sanitarias modernas.

La normativa anulada se sostenía sobre la base de la Ley N° 4863, derogada en 2018 por la Ley N° 27.444. Sin embargo, hasta ahora no se había eliminado formalmente el decreto reglamentario asociado, lo que generaba confusión en el sector exportador.

Según los considerandos del nuevo decreto, las exigencias del régimen anterior representaban una barrera burocrática innecesaria. Su eliminación apunta a facilitar el comercio exterior y fortalecer la competitividad del sector hortícola argentino.

El Gobierno afirmó que esta actualización normativa permitirá una operatoria más eficiente y alineada con las prácticas vigentes en los mercados internacionales. Además, remarcaron que la calidad y salubridad de las hortalizas seguirá garantizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta medida es parte de una política más amplia para optimizar la administración pública, reducir trámites innecesarios y mejorar la eficiencia estatal. La intención es asegurar un marco legal más claro y dinámico que facilite la producción y exportación de alimentos sin resignar controles sanitarios.

“La vigencia de normas desactualizadas entorpece la gestión y afecta la eficiencia en los intercambios”, sostiene el texto firmado también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El decreto también destaca que esta decisión busca alinear los procesos productivos con los estándares internacionales exigidos en materia de seguridad alimentaria. De esta manera, se procura asegurar una exportación libre de barreras regulatorias innecesarias.

La nueva normativa entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, el 12 de mayo. A partir de entonces, se dejarán de aplicar los requisitos impuestos por el decreto de 1935, sin que ello implique un relajamiento en los controles sanitarios.