Por Carlos Lamiral

La Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ampliaron hasta tres meses el plazo para que las empresas puedan pagar servicios al exterior, a partir de que cuentan con la aprobación de las autoridades. Se trata de una modificación en el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE).

La medida, que apareció publicada en el Boletín Oficial, tiene por objetivo acompañar la reciente regulación del Banco Central sobre pagos al exterior de servicios, con lo que se pretende postergar compromisos por unos u$s2.000 millones este año, en un contexto de falta de reservas internacionales.

El pasado 20 de abril la entidad que preside Miguel Pesce estableció modificaciones al financiamiento de servicios profesionales contratados en el exterior y de fletes entre empresas vinculadas, con el objetivo de diferir 60 días los pagos (90 en el caso de fletes). En lo que respecta a préstamos entre empresas vinculadas hasta fin de año se tendrá que requerir autorización previa para entrar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). La medida no afecta al pago de los servicios que actualmente están alcanzados por el impuesto PAIS, como las plataformas de entretenimiento Netflix, Spotify, Youtube, y otras, que se seguirán realizando como en la actualidad.

Los rubros que postergan los pagos son servicios jurídicos, contables y gerenciales, publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública, servicios arquitectónicos, de ingeniería, otros servicios técnicos y otros servicios empresariales.

En el caso de que los pagos correspondan a contrapartes vinculadas del exterior por Servicios de fletes u otros servicios de transportes, el pago se concretará a partir de los 90 días corridos desde la fecha efectiva de prestación del servicio.

La medida de la AFIP y la Secretaría de Comercio trata de ponerse en sincronía con la normativa del Banco Central, porque hasta el momento, las autorizaciones del SIRASE para el pago vencían a los 30 días. Por lo tanto, de no cambiar la reglamentación, todas las declaraciones juradas iban a vencer y se iban a tener que tramitar nuevamente.

Básicamente, la norma cambia el artículo 15 de la resolución 5271 de octubre del año pasado. Ahora indica que a partir de la aprobación del pedido para pagar el servicio, corren 90 días para efectuarlo. Si no se concreta en ese plazo, el trámite pierde vigencia y se tiene que reiniciar.

El comercio de servicios es altamente deficitario para la Argentina. Por esa vía se escapan gran parte de los dólares que se consiguen por el mercado de bienes transables. De acuerdo con datos del Banco Central, en 2022 el déficit del sector fue de u$s10.106 millones, mientras que los bienes transables tuvieron un superávit de u$s21.817 millones.

En los dos primeros meses de este año, de acuerdo con los datos oficiales, la entidad monetaria registró pagos al exterior por u$s2.658 millones. Los envíos por propiedad intelectual sumaron u$s5,4 millones; comunicaciones, u$s48,1 millones; y servicios empresariales, profesionales y técnicos, u$s386.8 millones.

Por otro lado, entre enero y febrero se abonaron fletes por u$s478,8 millones y servicios de informática por u$s74,2 millones. El rubro, denominado Otros Egresos, canalizó u$s373.3 millones; seguros, u$s41 millones; transporte de pasajeros, u$s168,3 millones; y viajes y otros pagos con tarjetas, u$s1.083 millones.