Revocación de la multa impuesta por la Administración Nacional de Aduana por considerar que se habían incumplido las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporal. La actora acreditó haber reexportado parte de la mercadería importada al amparo del régimen de admisión temporaria y la controversia suscitada al respecto giraba en torno a la documentación respaldatoria aportada -copias simples de los permisos de embarques- lo cual no resulta prueba suficiente para demostrar que se ha regularizado la situación de la mercadería en infracción, por no encontrarse autenticadas.





Texto completo:

En Buenos Aires, a los 2 días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer del recurso interpuesto en estos autos "Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. c /A.N.A s/ Aduana" contra la sentencia de fs.208/211, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor Juez de Cámara Dr. Bernardo Licht dijo:

1. Llegan estos autos a conocimiento de la Cámara, a raíz del recurso interpuesto por la representación de la demandada a fs. 215 contra la sentencia de primera instancia en tanto revocó la multa impuesta por la Administración Nacional de Aduana en el Fallo ANCO 511/94, con fundamento en el art. 970 del Código Aduanero, al considerar que se habían incumplido las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporal.

2. Para así decidir la señora jueza titular del juzgado n° 3 consideró que la actora acreditó haber reexportado parte de la mercadería importada al amparo del régimen de admisión temporaria y que la controversia suscitada al respecto giraba en torno a la posición adoptada por la demandada que, tanto en sede administrativa como en autos, sostiene que la documentación respaldatoria aportada—copias simples de los permisos de embarques obrantes a fs. 124/135, no resultaba suficiente para demostrar que se ha regularizado la situación de la mercadería en infracción, por no encontrarse autenticadas.
Señaló que el hecho controvertido relatado fue objeto de prueba sólo de la parte actora, pues la demandada no efectuó ni ofreció ninguna diligencia tendiente a probar la inexistencia de tales exportaciones y que ante el pedido de remisión de los permisos de embarque la aduana informó que "resulta impracticable" pues se encontraban vencidos los plazos de vigencia de dichos permisos; por lo que "teniendo en cuenta que la pérdida de los originales de los permisos de embarque no resulta imputable a la actora, quien intentó infructuosamente arrimarlos a la causa; no habiendo la demandada negado categóricamente la existencia de dichos permisos ni las exportaciones que surgen de ellos, limitándose a expresar que no resultaban "suficientes" para acreditar las operaciones mencionadas, " tuvo por tener por existentes las operaciones de exportación indicadas, frente a la inexistencia de prueba que demuestre lo contrario (fs. 208/211).

3. En el memorial de fs. 221/225 - replicado a fs. 227/229- la recurrente se ocupa, reiterando su línea argumental desplegada tanto en sede administrativa como en la judicial, de restarle entidad de prueba documental "a simples fotocopias -no reconocidas por nuestra parte (atento su falta de autenticación)- de supuestos permisos de embarque que ajuicio de la contraria acreditarían la reexportación de parte de los insumos temporalmente ingresados a territorio aduanero". Sostiene que por la propia estructura legal aplicable a la operación aduanera en tratamiento, es la importadora temporal quien debe acreditar fehacientemente en la demanda contenciosa haber cumplimentado en término la totalidad de las obligaciones impuestas al amparo de la operatoria de la importación temporal. Añade que "atento el carácter objetivo de las infracciones aduaneras, no reviste carga procesal de mi parte ni obligación sustancial de la misma, probar aquel extremo, puesto que ante el vencimiento de la temporal, sin suficiente acreditación por parte de la importadora, de la reexportación o nacionalización de la mercadería ingresada en este marco y, ante la ausencia de pedido de prórroga... se ha perpetrado la infracción prevista y reprimida por el art. 970 del C.A., correspondiendo en consecuencia la sanción impuesta". Puntualizó que la Aduana “no ‘perdió’ los permisos, sino que los mismos vencieron en lo que a su archivo respecta, ello por aplicación de la normativa vigente al efecto" y que “mal puede condenarse a mi mandante por la omisión de agregar la citada instrumental, tal como lo dispone la sentencia apelada. Agrega que, e todo caso la actora debió instar reconstrucción en sede administrativa y reitera que "el ya citado carácter objetivo de las infracciones aduaneras impone a la actora la necesidad de probar la reexportación o la nacionalización para consumo en término de la totalidad de los insumos que importara temporalmente. Finalmente, y desde otra óptica, se agravia de la imposición de las costas de la instancia desde que, puntualiza, al prosperar parcialmente la demanda, con vencimientos recíprocos de las partes, correspondía distribuirlas en el orden causado.

4. Así planteada la controversia procede adelantar que las argumentaciones articuladas por la recurrente no alcanzan para acceder a un resultado condenatorio. Para arribar a tal conclusión tengo en cuenta que, por un lado, en el terreno infraccional en tratamiento, carga probatoria que concierne a quien alega haber cumplido con la obligación de reexportar o importar para consumo la mercadería ingresada bajo el amparo del régimen de admisión temporaria, no puede llevarse a extremos que conlleven, cuanto menos, a una imposibilidad de efectivización. En efecto, si los permisos de embarque que instrumentan la salida de las mercaderías del país obran en originales que se mantienen en poder de la Administración, no alcanza a entenderse como sus copias puedan someterse a una autenticación que no sea otra que la que emane de la propia autoridad aduanera. Ésta, según ha quedado evidenciado en los autos, ha puesto de relieve la imposibilidad fáctica de acompañar dichos originales por motivos que devienen ajenos al administrado, como son los atinentes a que se ha decidido administrativamente su destrucción, según surge de las propias manifestaciones de la demandada cuando afirma la imposibilidad de acompañarlos a estos autos, dado que tales permisos “fueron alcanzados por la Resolución 4616/80 , atento encontrarse vencidos los plazos de vigencia de dichos permisos” (fs. 223vta.); imposibilidad que, por lo demás, torna improponible la vía de la reconstrucción propuesta por la recurrente. En ese sentido cuadra confrontar a fs. 23 vta. las actuaciones administrativas agregadas en la que la A.N.A. certifica que los originales han sido desafectados por su destrucción.

5. Por lo demás, yerra la recurrente cuando sostiene que mal puede condenársela por la omisión de agregar los originales de los permisos de embarque. En el sub lite, solamente está en juzgamiento la responsabilidad infraccional de la encartada y no el obrar de la Administración; por lo que, en función del cometido al que está llamado a intervenir el Tribunal, más allá de la ponderación de los tiempos en que debieron activarse los mecanismos y procedimientos tendientes a autenticar la documentación arrimada por la encausada, no ya como causal eximente de responsabilidad por supuesta configuración de infracción formal, sino como medio suficiente para acreditar el real cumplimiento de la obligación que le venía impuesta, lo cierto es que, en la especie, basta para liberarla de responsabilidad sancionatoria la duda razonable emergente de la situación planteada y en función de la pauta eximente emanada del art. 898 del Código Aduanero. Tales motivos de dispensa de responsabilidad abonan que las costas sean distribuidas en el orden causado en ambas instancias; (art. 531 del Código Procesal Penal) por lo que así lo voto.

El señor Juez de Cámara Dr. Néstor Horacio Buján adhiere al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada. Costas en el orden causado en ambas instancias.

El señor Juez de Cámara Pedro José Jorge Coviello no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Expte. n° 22.005/94 "Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. c/A.N.A. s/ Aduana.