El Juzgado Federal de Resistencia falló a favor de la AFIP al rechazar la acción de amparo promovida por una empresa que fue excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos. En dicho amparo, la firma solicitaba la nulidad de la exclusión y pretendía que se declare la inconstitucionalidad de la R.G. 2300 (AFIP) que reglamenta dicho registro.

El juez Dr. Carlos Rubén Skidelsky rechazó el amparo promovido por la empresa, recordando que en principio, las facultades de autoridades administrativas solamente se pueden revisar judicialmente si incurren en arbitrariedad o ilegalidad, cosa que no ocurre en este caso.

En este sentido, el magistrado expresó que la suspensión o exclusión del citado Registro, constituye una “actividad reglada” de la AFIP, desde que el ejercicio de dicha atribución está preestablecido mediante la fijación concreta de una determinada conducta que el interesado debe observar al tiempo de ejercitarla.

Para esto, el Dr. Skidelsky destacó que la RG 2300 (AFIP) – que la empresa pretendía declarar inconstitucional- tiene en miras facilitar la identificación de los sujetos involucrados en la comercialización de granos y de esa forma agilizar el análisis de las operaciones de venta, determinando así la real capacidad económica y financiera de los operadores, produciendo un adecuado control de los sujetos que intermedian en la comercialización de granos y legumbres.

Además, dicha resolución tipifica y expone las condiciones para adherirse y continuar dentro del régimen a cuyo fin establece un catálogo de supuestos que califican como “incorrecta conducta fiscal”.

El titular del juzgado explicó que el concepto de “incorrecta conducta fiscal” no está librado al arbitrio de la Administración, sino que los distintos supuestos se encuentran previstos en la normativa.

Incorrecta conducta fiscal

La existencia de proveedores sin capacidad operativa, como el uso indebido de cartas de porte, falta de respaldo económico, inconsistencias en las declaraciones juradas de Impuestos a las Ganancias, etc., son inconductas fiscales que se corresponden con las tipificadas en la RG 2300/07 (AFIP), que dispone la exclusión “cuando la realidad económica indique que la actividad efectivamente desarrollada no se corresponde con la cantidad de granos comercializados y/o con el comercio de granos”.