ROHM & HAAS ARGENTINA S.A. s/ apelación

Declaración inexacta (954, ap. 1, incs. a) y b) del C.A.). Discrepancia clasificatoria escapa al encuadre infraccional. Rechazo. No se aportaron elementos necesarios que permitan al servicio aduanero la correcta clasificación de la mercadería, la que surgió de la verificación física. Inaplicabilidad del art. 957 del C.A. Inexistencia de perjuicio fiscal por tratarse de un supuesto de no sujeción tributaria. Rechazo. No se exige que el efecto lesivo se efectivice sino que basta la mera posibilidad de su existencia para que se configure el tipo. El sub-régimen ZFTR implica un tránsito de importación por lo que existe un potencial perjuicio fiscal. Intervención previa del SENASA constituye una mera restricción operativa. Rechazo. No existe disposición alguna que permita diferenciar entre "restricciones operativas" y "prohibiciones relativas".

Las prohibiciones de naturaleza no económica constituyen disposiciones que impiden o limitan la introducción de mercaderías al territorio aduanero y al territorio nacional, y como tales, pueden estar plasmadas en normas que expresamente prohíban la importación de cierta mercadería, como también, mediante el sometimiento de la mercadería a restricciones, normas de calidad o de acondicionamiento, o a formalidades particulares. Aplicación de prohibiciones no económicas en áreas francas. Revocación de cargo por diferencia de tributos al importador y al despachante. Procedencia. No ha existido hecho gravado por derechos aduaneros. La diferencia de tributos a que arribara el servicio aduanero es la diferencia de tributos que correspondía garantizar por el tránsito de importación. El despachante de aduana no resulta responsable por deuda ajena (del voto del Dr. Basaldúa).
Eximición de responsabilidad del despachante de aduana que se atuvo a la factura comercial (del voto de la Dra. Musso).

Texto completo:

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de julio de 2010, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Ricardo Xavier Basaldúa, Cora M. Musso (Vocal integrante de la Sala por excusación del Dr. Gustavo A. Krause Murguiondo) y Jorge Celso Sarli (Vocal subrogante de la Vocalía de la 17º Nominación), para resolver en los autos caratulados “ROHM & HAAS ARGENTINA S.A. s/ apelación”, expediente n° 21.555-A.

El Dr. Basaldúa dijo:

I.- Que a fs. 35/38 y vta. se presentan, mediante apoderado, la firma ROHM & HAAS ARGENTINA S.R.L. (erróneamente denominada S.A. por la propia actora en el escrito inicial y formulario F4) y el despachante de aduana ALBERTO PASTORINO e interponen recurso de apelación contra la resolución-fallo nº 182/2005 de la Aduana de La Plata, recaída en el expediente SA33 nº 166/2003, en cuanto los condena al pago de una multa por infracción al art. 954, ap. 1, incs. a) y b), del C.A., y se le formula cargo por tributos en relación a la operación documentada mediante la solicitud de destinación nº 03-033-ZFTR-000550-W, correspondiente al sub-régimen egreso de la zona franca mediante tránsito al exterior en el mismo estado de ingreso a la zona franca. Manifiestan que la mercadería en cuestión se reexportaba a su país de origen por lo que estaba exenta del pago de tributos, tratándose de la extracción de mercaderías del área franca. Agregan, en ese sentido, que no existiendo hecho gravado alguno, no pudo existir perjuicio fiscal. Afirman que escapan a los presupuestos del art. 954 del C.A. las operaciones que se cursan en áreas francas. Sostienen que la intervención previa por parte del SENASA -ex I.A.S.C.A.V.- constituye un supuesto de restricción operativa y no de prohibición. Agregan que, en caso de tratarse de una prohibición de carácter no económico, no se hubiese podido emitir el certificado que, sin embargo, hubo de ser emitido con posterioridad. En ese sentido, consideran que la restricción operativa -a la que hacen referencia- también se encuentra cumplida por esa presentación ulterior. Afirman que dicha restricción operativa sólo resulta aplicable en el territorio aduanero, del que se excluyen las áreas francas. Plantean que la interpretación -a su entender- extensiva propiciada por el servicio aduanero viola el “principio de reserva” consagrado en art. 18 de la C.N. Agregan que esa intervención previa se exigía para la P.A. pretendida por el servicio aduanero y no para la P.A. declarada en la solicitud de destinación. Sostienen que no se faltó al deber de veracidad, toda vez que la declaración efectuada fue correcta, quedando la cuestión limitada únicamente al aspecto técnico y formal de la clasificación arancelaria, lo que -entienden- no genera responsabilidad alguna ni para la empresa ni para el despachante de aduana interviniente, por ser de resorte exclusivo del servicio aduanero, resultando, asimismo, de aplicación el art. 957 del C.A., vigente al momento de registrar la operación involucrada. Consideran que la declaración comprometida por el Sistema María no constituyó una declaración aduanera completa y no equivalió a una verdadera declaración que permita subsumir la misma como declaración inexacta en los términos del art. 954 del C.A., ya que -entienden- dicho sistema desvirtuaba las disposiciones de los arts. 234, 235 y 332 del C.A., de conformidad con el texto vigente en aquel momento, al limitar la declaración al texto o leyenda literal de la partida arancelaria que a juicio del documentante correspondiere. Destacan que no tiene asidero la pretensión tributaria del servicio aduanero ya que, por estar la operación exenta de tributos, no existe ni podría existir hecho generador alguno que justifique la formulación del cargo. Ofrecen prueba, hacen reserva del caso federal y solicitan se revoque la resolución-fallo apelada, con costas.

II.- Que a fs. 50/61 se presenta la representante fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. En primer lugar, formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por las co-actoras. A continuación, plantea que la inexactitud implica una diferencia entre lo manifestado y lo realmente verificado por el servicio aduanero y que, en el caso de autos, se constató que la mercadería involucrada requería, a los fines de su exportación, la correspondiente autorización previa. Sostiene que no pueden introducirse a la zona franca mercaderías afectadas por prohibiciones de carácter no económico. Refiere al art. 41 de la C.N., la ley 24.051 sobre residuos peligrosos y su decreto reglamentario nº 831/93. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.

III.- Que a fs. 66 se tiene por contestado el traslado conferido, por acompañadas las actuaciones administrativas SA33 nº 166/2003 y se abre la causa a prueba. A fs. 74/100 y 103 obra agregada la prueba producida. A fs. 178 se declara clausurado el período probatorio, se elevan los autos a esta Sala “F” y se otorga el plazo de diez días para que aleguen las partes. A fs. 185 y vta. alega la actora y a fs. 187/188 lo hace la demandada, pasando los autos a sentencia a fs. 193. A fs. 194 y vta., en uso de las facultades conferidas por el art. 1156 del C.A., como medida para mejor proveer se ordena librar oficios varios, cuyas contestaciones obran agregadas a fs. 236/268, 272/281 y 321/323, con excepción del dirigido al Ente de Administración y Explotación de la Zona Franca de La Plata, el que es dejado sin efecto a fs. 333.

IV.- Que surge de la compulsa de las actuaciones administrativas vinculadas a la presente, las cuales tramitaron mediante expediente SA33 nº 166/2003, que por las mismas se formuló denuncia contra la firma importadora ROHM & HAAS ARGENTINA S.R.L. y el despachante de aduana ALBERTO PASTORINO por presunta infracción al art. 954, ap. 1, incs. a) y b), del C.A., respecto a la solicitud de destinación nº 03-033-ZFTR-000550-W, correspondiente al sub-régimen egreso de la zona franca mediante tránsito al exterior en el mismo estado de ingreso a la zona franca. A fs. 2 la División U.T.V.V. liquida la diferencia de tributos que es, a la postre, la reclamada mediante la resolución en recurso. A fs. 3 obra agregado el sobre contenedor de la destinación involucrada y documentación complementaria. A fs. 6, con fecha 6/8/2003, se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090, inc. c), del C.A. A fs. 7, con fecha 11/8/2003, se ordena la corrida de vista de lo actuado a la firma importadora y al despachante de aduana interviniente, imputándoseles la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, incs. a) y b), del C.A., resultando ambos notificados por carta con aviso de recibo el 12/9/2003, según constancias de fs. 12/13. A fs. 14/16 y vta. contesta la vista la firma importadora y a fs. 23 y vta. lo hace el despachante de aduana. A fs. 25/26 se tiene por presentada a la firma importadora y a fs. 27 al despachante de aduana. A fs. 39/57 (refoliado) obra agregada contestación de oficio por parte del I.N.T.I. A fs. 88/90 (refoliado) obra agregado el dictamen técnico nº 50/2005 del Departamento de Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria. A fs. 98/105 se dicta la resolución-fallo nº 182/2005 de la Aduana de La Plata, apelada en estas actuaciones.

V.- Que corresponde resolver en autos si la resolución apelada, por la que se condena a las co-actoras al pago de una multa por infracción al art. 954, ap. 1, incs. a) y b), del C.A., y se les formula cargo por diferencia de tributos, se ajusta a derecho.

Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.

Que, con fecha 30/6/2003, mediante la solicitud de destinación nº 03-033-ZFTR-000550-W, correspondiente al sub-régimen egreso de la zona franca mediante tránsito al exterior en el mismo estado de ingreso a la zona franca, la firma ROHM & HAAS ARGENTINA S.R.L. documentó mercadería que declaró como “En envases con capacidad inferior o igual a 205 l. Ciclánicos y ciclénicos. Los demás -- Los demás -Ciclánicos, ciclénicos o ciclioterpénicos: HIDROCARBUROS CÍCLICOS” bajo la P.A. S.I.M. 2902.19.90.110G.

Que cabe hacer la aclaración de que este “sub-régimen” empleado, denominado “egreso de la zona franca mediante tránsito al exterior en el mismo estado de ingreso a la zona franca”, más allá de su denominación, de la que se podría inferir que ese “tránsito al exterior” consiste en un tránsito de exportación, implica en realidad un tránsito de importación, toda vez que la mercadería que ingresa al territorio aduanero desde la zona franca carece de libre circulación en él, pues siendo extranjera no ha sido objeto de importación para consumo.

Que a la operación le fue asignado inicialmente el canal de selectividad verde, que fue modificado posteriormente a rojo en virtud de la nota 97/99 (ICLP) y al proceder al control documental y verificación de la mercadería, el verificador interviniente de la U.T.V. de la Aduana de La Plata, entendió que a lo declarado no correspondía ubicarlo en la nomenclatura en el capítulo 29 -como fuera declarado por la importadora-, por tratarse de una mezcla, y que lo documentado correspondía a la P.A. S.I.M. 3808.30.59.900K.
Luego, por el dictamen técnico nº 50/2005 del Departamento de Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria, se concluyó que la mercadería del caso que nos ocupa clasificaba por esa misma P.A. (ver fs. 88/90[refoliado] de las actuaciones administrativas), lo que fue finalmente receptado por la resolución en recurso.

Que la actora, en su escrito de apelación, argumenta que la cuestión consiste en una discrepancia clasificatoria y que, como tal, no justifica el encuadre infraccional endilgado por el servicio aduanero, manifestando que el sistema de registro de la destinación no le permitía comprometer una declaración completa.

Que el registro de la destinación aduanera que nos ocupa, se realizó a través del Sistema Informático María (S.I.M.) -formulario OM-1993-, cuya implementación implicó el reemplazo del sistema de la, hasta entonces vigente, declaración aduanera “manual” -regulada en el Código Aduanero- que permitía la inclusión de todas las previsiones que, a criterio del declarante, tendían a lograr una descripción completa y exacta de la mercadería, en los términos de las exigencias contenidas en el art. 234 del C.A. (actualmente modificado por la ley 25.986). En el sistema informático, en cambio, la única declaración que se compromete es la referente a la clasificación arancelaria de la mercadería que se documenta, sin que se contemple la posibilidad de ingresar una descripción sobre la calidad, clase o naturaleza de la misma, que implique una ampliación de los textos de la nomenclatura.

Que, en efecto, resulta dificultosa la aplicación de la normativa contenida en el Código Aduanero y su reglamentación vigente a la época de los hechos, sancionada cuando se utilizaba un sistema de declaración manual, que permitía a los documentantes emplear sus propias palabras para describir la naturaleza y calidad de la mercadería, sin ninguna limitación al respecto, y era privativo del servicio aduanero la clasificación y valoración, en tanto la obligación del documentante era efectuar una declaración completa y veraz.

Que, por ello, puede afirmarse que mediante el sistema informático de registro aduanero, la función clasificatoria en el S.I.M. es atribuida en primera instancia al declarante, reservando al servicio aduanero la función de controlar la correcta clasificación y, en caso de discrepar, clasificar la mercadería conforme a sus propias atribuciones (tal como ocurrió en el caso que nos ocupa), lo que impone al suscripto la tarea de efectuar una interpretación armónica entre la legislación vigente al tiempo de la operación de autos y el nuevo sistema operativo.

Que, en el caso de autos, la firma documentante clasificó a la mercadería involucrada en una posición arancelaria que resultó errónea a consideración del servicio aduanero, no obstante lo cual, su declaración no podría ser tachada de inexacta en el caso de que se hubieren aportado todos los elementos para que la Aduana ejerza su función propia, con fundamento en lo dispuesto en el entonces vigente art. 957 del C.A., cuya aplicación solicitan los co- recurrentes.

Que, la mencionada norma, vigente al tiempo de registrarse la operación de autos, aunque derogada en la actualidad por la ley 25.986 (B.O. 5/1/2005) establecía que: “La clasificación arancelaria inexacta comprendida en cualquier declaración relativa a operaciones o a destinaciones de importación o de exportación no será punible si se hubieren indicado todos los elementos necesarios para permitir al servicio aduanero la correcta clasificación arancelaria de la mercadería de que se tratare”.

Que, no obstante, de la compulsa de la documentación presentada a despacho se advierte que en ningún documento consta una declaración de la mercadería que describa las características de la misma -en particular, su composición química-, indicando simplemente en la factura comercial el nombre de fantasía de la mercadería -esto es, “Smartfresh”-, el que no permite inferir ninguna característica particular de la mercadería.

Que, sin perjuicio de que con la utilización de sistemas informáticos de registración, la declaración de la mercadería se encuentre codificada a través de la posición arancelaria, “opciones”, “ventajas” o “sufijos de valor y estadística”, u otros, y aún cuando la obligación del documentante sólo se puede vincular a elegir el texto que se corresponda con la mercadería de que se trate, es precisamente en dicha tarea en la cual debe poner la diligencia debida, porque dependerá de su selección la clasificación y, en su caso, la liquidación de los gravámenes -en el caso de la operación que nos ocupa, de los gravámenes a garantizar-. Nótese que en las consideraciones generales de las notas al capítulo 29 de la nomenclatura del sistema armonizado (capítulo en que clasificó la firma importadora a la mercadería del caso que nos ocupa) se expresa que el mismo sólo comprende a los compuestos de constitución química definida presentados aisladamente -esto es, sustancias constituidas por una especie molecular cuya composición se define por una relación constante entre sus elementos y que se representan por un diagrama estructural único-, y de la sola lectura de la documentación aportada por la propia firma importadora a solicitud del verificador interviniente de la División U.T.V. de la Aduana de la Plata (ello con posterioridad a la oficialización), resulta que el “Smartfresh” se compone de más de un elemento (ver documentación agregada al sobre contenedor de la solicitud de destinación involucrada), razón por la cual no se encontraba comprendido en ese capítulo.

Que ante la duda clasificatoria, la firma importadora o, en su caso, el despachante interviniente, debieron recurrir a una consulta clasificatoria, en los términos de alguno de los procedimientos previstos en la Resolución A.N.A. nº 2361/90, con las modificaciones introducidas por las Resoluciones A.N.A. nros. 739/94, 1483/95 y la Resolución General A.F.I.P. nº 369/99, vigentes al tiempo de la operación de autos.

Que de lo hasta aquí expuesto se concluye que no fueron declarados todos los elementos necesarios para permitir al servicio aduanero la correcta clasificación arancelaria de la mercadería, la que surgió a consecuencia de la verificación física de la misma, en virtud del canal de selectividad al que se terminó afectando a la solicitud de destinación en trato.

Que, ello así, se encuentra acreditada la diferencia entre lo declarado por la firma importadora en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, sin que dicha diferencia constituya una mera cuestión clasificatoria como pretendiera la firma importadora co-actora.

VI.- Que de la Exposición de Motivos del C.A. se desprende que el legislador ha querido tutelar en el capítulo VII, referido a las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera; declaración que en autos, no resultó ni veraz ni exacta, como quedó demostrado.

Que, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “SUBPGA S.A.C.I.E. e I. c/ Estado Nacional (A.N.A.) s/ nulidad de resolución”, el art. 954 del C.A. da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante -salvo los supuestos previstos en la propia ley- o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que el servicio aduanero practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tiende a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 315:942).

Que la figura del art. 954 del C.A. requiere, además de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, que la misma sea idónea para producir alguno de los efectos previstos en los incs. a), b) o c), del ap. 1 de dicho artículo.

Que, en lo que aquí interesa, los efectos que esa diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, debe producir o haber podido producir, en caso de pasar inadvertida, es en el caso del ap. 1, inc. a), un perjuicio fiscal y, en el caso del ap. 1, inc. b), una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación (incisos estos últimos en que, como fuera ya expuesto, el servicio aduanero encuadró como infracción a los hechos del caso de autos).

Que la firma importadora argumenta que su declaración no fue idónea para ocasionar ninguna de las consecuencias legales antes mencionadas, por tratarse, por un lado, de una operación en la que no existe hecho generador alguno y, por el otro, por entender que la intervención previa por parte del SENASA -ex I.A.S.C.A.V.- constituía un supuesto de restricción operativa y no de prohibición.

Que, es dable advertir que de conformidad con lo dispuesto en el art. 954, ap. 2, del C.A., al haber encuadrado el servicio aduanero el hecho simultáneamente en más de uno de los supuestos previstos en el ap. 1 de ese mismo artículo, se aplicó la multa correspondiente al supuesto del inc. b), por resultar ésta mayor (la multa aplicada corresponde a una vez el valor en aduana de la mercadería involucrada).

Que, sin embargo, la firma importadora se agravia del encuadre en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. por cuanto alega, como fuera ya expuesto, que por tratarse la extracción de mercadería de la zona franca con destino al exterior de un supuesto de no sujeción tributaria, no existe perjuicio fiscal posible.

Que lo que se requiere a los efectos de que se configure la declaración inexacta es que esa declaración, en la que difiere lo declarado de lo comprobado, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir el supuesto previsto. Ello así, no se exige que el efecto lesivo se efectivice sino que basta la mera posibilidad de su existencia para que se configure el tipo infraccional.

Que, en el caso que nos ocupa, si bien no se configura un hecho gravado actual, por tratarse de un supuesto de no sujeción tributaria -en lo que a derechos aduaneros se refiere-, el eventual perjuicio fiscal radica en que, tratándose de un tránsito de importación, en su modalidad de tránsito directo -que se presenta al egresar la mercadería de la zona franca de La Plata, ingresar al territorio aduanero a través de la Aduana de La Plata (aduana de entrada) y transitar por éste con destino a la Aduana de Ezeiza (aduana de salida)-, existe un potencial perjuicio fiscal, toda vez que en caso de configurarse una importación para consumo irregular, ya sea porque resulte faltar mercadería al arribar el medio transportador a la aduana de salida (conf. art. 310 del C.A.), o bien por vencimiento del plazo de un mes, contado a partir de la finalización del que se hubiera acordado para el cumplimiento de ese tránsito, sin que el medio transportador arribare a la aduana de salida (conf. art. 311 del C.A.), esa mercadería podría permanecer por tiempo indeterminado en el territorio aduanero sin que por ello se paguen los tributos que efectivamente gravan su importación para consumo, al tributar, en función de la declaración comprometida por la firma importadora, derechos de importación a una alícuota inferior a la debida (ello así, en función de que las mercaderías de la P.A. declarada por al firma importadora se encontraban gravadas con un derecho de importación ad valorem del 2%, cuando las mercaderías de la P.A. en la que el servicio aduanero terminó por clasificar a la mercadería que nos ocupa, se encontraban gravadas con un derecho ad valorem del 9,5%).

Que dicha solución ha sido recepcionada por el legislador en el art. 956 del C.A. al señalar en su inc. a) que, a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el art. 954 de ese cuerpo normativo, las declaraciones relativas a operaciones o destinaciones de importación se consideran como si fueran de importación para consumo y las relativas a operaciones o destinaciones de exportación como si fueran de exportación para consumo.

Que, como quedara expuesto, la conducta de la firma importadora encuadra en el tipo previsto en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., al resultar idónea su declaración para producir el efecto previsto en dicho inciso.

Que, en cuanto a los agravios de las co-actoras con relación al encuadre de los hechos en el supuesto previsto en el art. 954 ap. 1, inc. b), del C.A. -a su entender erróneo-, corresponde analizar si la intervención previa requerida constituye una prohibición a la importación o a la exportación, en el sentido expresado en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., o bien una simple restricción operativa, así como su ámbito de aplicación territorial, de conformidad con lo expuesto por las co-actoras.

Que en el Código Aduanero no existe disposición alguna que permita diferenciar entre “restricciones operativas” y “prohibiciones relativas”, cuando se trata de restricciones que impiden la importación o la exportación si no se cumplen con los requisitos previstos en la legislación, como lo son las licencias o autorizaciones de importación, que requieren la intervención de una autoridad admninistrativa que debe otorgar la licencia o el certificado de que se trate, como condición sine qua non para importar o exportar determinada mercadería.

Que con relación al significado de la expresión “prohibición”, en el Código de Aduanas de Francia, su artículo 38 prevé: “1. Para la aplicación del presente código, se considerarán prohibidas todas las mercaderías cuya importación o exportación esté prohibida por cualquier motivo o sometida a restricciones, a normas de calidad o de acondicionamiento o formalidades particulares. 2. Cuando la importación o la exportación sólo estén permitidas contra la presentación de una autorización, licencia, certificado, etc., la mercadería está prohibida si no va acompañada de un título en regla o si se la presenta bajo un título no aplicable”. Asimismo, la Ley de Aduanas de la República Federal de Alemania establece en su art. 1º, ap. 4, que “Para la inteligencia de la presente ley, las prohibiciones y restricciones al tráfico de las mercaderías a través de las fronteras son todas las disposiciones que impiden o limitan la introducción de mercaderías en la frontera aduanera o en el territorio de soberanía nacional”. Estas disposiciones figuran transcriptas en la pág. 90, nota 1, de la obra “Código Aduanero. Comentarios. Antecedentes. Concordancias. Tomo IV”, de Mario A. Alsina, Ricardo Xavier Basaldúa y Juan Patricio Cotter Moine. En dicha obra los autores señalan, con relación al Código Aduanero argentino, que “...el código adopta para todas estas restricciones la denominación de prohibiciones. En la Exposición de Motivos se explica al respecto que ello se debe a que: Existe una prohibición tanto en los supuestos en que la misma afecta a la generalidad de las personas como en aquellos supuestos que reconocen excepciones a favor de una o de varias personas ” (ob. cit., pág. 91).

Que el Código Aduanero contempla a las prohibiciones a la importación y a la exportación en la Sección VIII, distinguiendo entre prohibiciones económicas y no económicas, así como entre prohibiciones absolutas y relativas.

Que, en el caso que nos ocupa, nos hallamos ante una prohibición de naturaleza no económica (establecida por razones de salud pública, política alimentaria o sanidad animal o vegetal -conf. art. 610, inc. e), del C.A.-) y relativa, porque permite superar la prohibición mediante el cumplimiento de determinados requisitos (conf. art. 612 del C.A.).

Que las prohibiciones de naturaleza no económica constituyen disposiciones que impiden o limitan la introducción de mercaderías al territorio aduanero y al territorio nacional (como veremos a continuación), y como tales, pueden estar plasmadas en normas que expresamente prohíban la importación de cierta mercadería, como también, mediante el sometimiento de la mercadería a restricciones, normas de calidad o de acondicionamiento, o a formalidades particulares.

Que, con respecto al ámbito de aplicación territorial de las prohibiciones de carácter no económico, si bien las propias co-actoras reconocen que las mismas se aplican en el territorio aduanero, al que en definitiva ingresarían las mercaderías en virtud de la solicitud de destinación involucrada (tránsito de importación mediante), cabe precisar que las prohibiciones a la importación y a la exportación de naturaleza no económica resultan aplicables en todo el territorio sometido a la soberanía de la Nación (art. 1º del C.A.), y, por consiguiente, incluso en las áreas francas. Así surge de la propia definición del artículo 590 del C.A., que prescribe que: “Área franca es un ámbito dentro del cual la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no están gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas retributivas de servicios que se pudieren establecer, ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico”. Vale decir, a contrario sensu, que sí están alcanzadas por las prohibiciones de carácter no económico. Tal solución resulta evidente, pues una prohibición por razones de moral pública, salud pública, sanidad animal y vegetal, preservación del medio ambiente, seguridad nacional, etc., debe aplicarse, en principio, en todo el territorio sometido a la soberanía de la Nación, y no sólo en el territorio aduanero. No es concebible que el Estado propicie dos normas distintas, por ejemplo, en materia de moral pública para sectores de su propio territorio nacional.

Que, en efecto, el art. 592 del C.A. faculta al Poder Ejecutivo a disponer, ante circunstancias excepcionales que así lo aconsejen, que no se apliquen las prohibiciones de carácter no económico en las áreas francas. Es decir que, en principio y salvo disposición en contrario, las prohibiciones de carácter no económico deben aplicarse aún en las áreas francas.

Que, respecto al planteo de las co-actoras de que la intervención previa del I.A.S.C.A.V. era requerida para la P.A. pretendida por el servicio aduanero y no para la P.A. por ellas declarada, cabe señalar que ello no es eximente de responsabilidad. En caso contrario, mediante la simple declaración de una P.A. y descripción distinta de la que correspondiere, resultaría posible, en caso de pasar inadvertido, trasgredir prohibiciones a la importación o exportación sin consecuencia alguna. En efecto, más allá de lo que hubiera descripto la firma importadora en su declaración comprometida, lo importante, a los fines de considerar si sobre lo documentado pesaba o no una prohibición de carácter no económico, es la mercadería que en definitiva presentó a despacho, la que de conformidad con la verificación física y posteriores estudios, resultaba clasificable en la P.A. S.I.M. 3808.30.59.900K.

Que, con relación al cumplimiento de la autorización, en virtud de la autorización que a la postre obtuvo la firma importadora, cabe señalar que la misma debe ser emitida con carácter previo (conf. Resolución A.N.A. nº 453/1996), y, de conformidad con la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente SUBPGA, anteriormente citado, el art. 954 del C.A. da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante -salvo los supuestos previstos en la propia ley, no dándose en autos ninguno de los supuestos que la legislación aduanera prevé- (Fallos: 315:942).

VII.- Que, en cuanto a la responsabilidad del despachante de aduana ALBERTO PASTORINO -co-recurrente en los presentes autos-, si bien el mismo no introdujo en esta instancia agravios propios, distintos a los de la firma importadora, sí lo hizo ante el servicio aduanero en oportunidad de contestar la corrida de vista (ver fs. 23 de las actuaciones administrativas), por lo que la misma debe ser analizada a la luz de los arts. 902 y 908 del C.A., de cuya interpretación resulta que la solidaridad en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta, nace en cabeza del despachante “salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo”.

Que si bien, conforme reiterada jurisprudencia, el despachante de aduana no es, en principio, penalmente responsable si no se ha apartado de las instrucciones impartidas por el importador, dicho profesional no acreditó haber cumplido con las obligaciones a su cargo, como tampoco demostró haber seguido instrucciones impartidas por la firma importadora para la operación que nos ocupa.

Que cabe destacar precisamente que, en el caso de autos, para un adecuado ejercicio de sus funciones, el despachante hubiera debido extremar los recaudos a fin de cerciorarse sobre la composición química de la mercadería involucrada -más aún teniendo en cuenta lo expresado en las consideraciones generales de las notas al capítulo 29 en que ubicó a la mercadería, a que hiciera referencia en el acápite V de este voto-, para luego estar en condiciones de comprometer una manifestación veraz.

Que, asimismo, cabe señalar que el despachante de aduana no sólo actúa como mandatario del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse dentro de los límites del poder otorgado, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la Aduana.

Que, precisamente, la especial relación que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad profesional en el área del comercio exterior, torna aplicable el principio general del derecho, receptado en el art. 902 del Código Civil, conforme al cual cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

Que la operatoria aduanera está estructurada sobre la base de la confianza que el servicio aduanero deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior, sistema que tiende a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional, y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol y la sanción ejemplificadora al detectar infracciones.

Que, por lo expuesto, cabe concluir que el despachante de aduana, frente a las circunstancias del caso, resulta responsable en forma solidaria con la firma importadora- exportadora por la infracción cometida.

VIII.- Que, en cuanto al cargo formulado a las co-actoras por diferencia tributos, corresponde revocarlo, siendo que, como fuera ya expuesto, en la operación documentada no ha existido importación para consumo ni exportación para consumo y, por tanto, hecho gravado alguno. En efecto, la diferencia de tributos a que arribara el servicio aduanero en la liquidación formulada, es la diferencia de tributos que correspondía garantizar por el tránsito de importación que involucra el sub-régimen empleado.

Que, cabe señalar que la equiparación de las operaciones y destinaciones de importación como si fueran de importación para consumo, así como las de exportación como si fueran de exportación para consumo, establecida en el art. 956, inc. a), del C.A., es sólo a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el art. 954 del mismo cuerpo normativo -vale decir, al sólo efecto penal infraccional-, sin que por ello se establezca un supuesto de importación para consumo a los efectos tributarios.

Que, por lo demás, es dable advertir que en el sistema del C.A. argentino el despachante de aduana no resulta responsable por deuda ajena, sino sólo por deuda propia -esto es, en el supuesto de realizar un hecho gravado por tributos establecidos en la legislación aduanera-, por lo que, aún cuando se hubiera producido un hecho gravado por derechos aduaneros -cosa que no ocurrió-, en ese hipotético supuesto sólo resultaría responsable la firma importadora-exportadora y no su despachante en forma solidaria.

Por ello, VOTO por :

1.- Confirmar el punto 1 de la resolución-fallo nº 182/05 de la Aduana de La Plata, recaída en el expediente SC33 nº 166/2003, en cuanto ha sido materia de agravio, con costas a las co-actoras.

2.- Revocar el punto 2 de la resolución-fallo nº 182/05 de la Aduana de La Plata, recaída en el expediente SC33 nº 166/2003, con costas a la demandada.

La Dra. Musso dijo:

I. Que adhiero al voto del Dr. Basaldua en cuanto confirma el art. 1 de la resolución -fallo apelado que condena a la actora por infracción al art. 954 del CA, salvo respecto del despachante, que considero que debe revocarse la sanción impuesta, y asimismo adhiero al punto 2 de ese voto, por el que se revoca la exigencia de tributos.

II. Que pacífica y reiterada jurisprudencia de la CSJN se ha inclinado por desincriminar a los despachantes de aduana por las infracciones que pudieran cometerse en el trámite de los despachos cuando aquéllos, actuando en nombre de sus mandantes y no apartándose de las instrucciones recibidos, hayan demostrado de alguna manera que han cumplido con los deberes a su cargo (ver fallos de la C.S.J.N. in re "Carli" del 14.8.70 y "Calvo" del 13.12.71, entre muchos otros); mas específicamente aún y desarrollando el concepto de cumplimiento de deberes, en la causa "Garibotti Armando", (Fallos 287:191) se señaló "que queda exento de responsabilidad el despachante que cumpliendo con las obligaciones a su cargo se atiene a lo manifestado por el importador y a lo que resulte de la documentación complementaria salvo que incurra en hechos personales que lo comprometan".

Que en el caso de autos y considerando la naturaleza de la mercadería, a mi juicio, por una parte, no puede exigírsele al despachante conocimientos técnicos acerca de la composición de la misma, y por otra parte resulta que el despachante ha efectuado la declaración conforme los datos contenidos en la factura comercial, la que obra agregada en la destinación de tránsito de importación 03 073 TR04000122H (agregada en el sobre de fs 264 de autos; destinación que precedió, respecto de la misma mercadería , y por el tránsito desde el lugar de arribo a la Zona franca, a la del sub régimen de salida de Zona franca cuya declaración es la imputada en el caso). En dicha factura puede observarse, exactamente para el total de los rubros declarados en el item 1 de la destinación en cuestión (item 1 objeto de la denuncia y de la condena), que se ha consignado la misma posición arancelaria declarada; de modo que, siendo ese dato el único dato al que pudo en el caso ajustarse el despachante en su declaración en la destinación en trato, respecto de la mercadería, no cabe duda de que el despachante, conforme la jurisprudencia citada, se ha ajustado a la documentación proporcionada por el consignatario de la mercadería por lo expuesto corresponde revocar la sanción impuesta al despachante de aduana; con costas en este aspecto. Así lo voto.

El Dr. Sarli dijo:

Que solo debo expedirme respecto del único punto en desacuerdo conforme resulta de los votos precedentes, es decir sobre la responsabilidad del despachante en el caso de autos. En ese aspecto adhiero al voto de la Dra Musso.

Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

1.- Confirmar parcialmente el punto 1 de la resolución-fallo nº 182/05 de la Aduana de La Plata, recaída en el expediente SC33 nº 166/2003, en lo que a la firma importadora ROHM & HAAS ARGENTINA S.R.L. respecta, en cuanto ha sido materia de agravios. Con costas a la firma importadora co-actora.

2.- Revocar parcialmente el punto 1 de la resolución-fallo nº 182/05 de la Aduana de La Plata, recaída en el expediente SC33 nº 166/2003, en cuanto condena al despachante de aduana ALBERTO PASTORINO. Con costas a la demandada.

3.- Revocar el punto 2 de la resolución-fallo nº 182/05 de la Aduana de La Plata, recaída en el expediente SC33 nº 166/2003, con costas a la demandada.