EL BRUJO SRL C/ EN- Mº ECONOMIA- AFIP-DGA-Resol. 485/05 S/dirección general de aduanas

S.C., E 45, LXLVI (RECURSO EXTRAORDINARIO)

04/09/2012



De conformidad con lo dictaminado por la Señora Procuradora Fiscal, La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala III) que confirmó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°2 por la cual se había declarado la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía y Producción 485/05.


Extracto de Fallo

….” de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda. Con costas. Notifíquese y devuélvase.

Elena I. Highton de Nolasco
Enrique Petracchi
E. Raúl Zaffaroni
Juan Carlos Maqueda

(…) Procuración General de la Nación

(…)Suprema Corte:

(…)…“ El acto impugnado se fundó en diversos convenios internacionales que cita, como el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación que establece que en los casos que se consideren debidamente justificados, la gestión de las solicitudes de destinación de importación definitiva para consumo pueden quedar sujetas a la tramitación anticipada de licencias previas de importación de carácter automático y no automático.

En sus considerandos se explicó que en algunos productos del sector juguetes se habían detectado cambios significativos en los flujos de comercio cuyo comportamiento resultaba conveniente evaluar, para luego sostener que, por ello, era necesario el establecimiento de un procedimiento de verificación previo al libramiento a plaza de dichas mercaderías con el objeto de efectuar el seguimiento y el control de las importaciones.

Con ese fin, se instrumentó como procedimiento para el seguimiento y control de las importaciones una licencia no automática consistente en la exigencia del "certificado de importación de juguetes" (CIJ) para el libramiento a plaza de la mercadería en las operaciones de importaciones definitivas para consumo.

Opinó la Cámara que la obtención del CIJ contradecía las intenciones de los firmantes de los acuerdos internacionales citados y que, además, ocasionaba una demora injustificada en el libramiento a plaza de la mercadería, lo que fundó en la gran cantidad de litigios que generó la medida atacada y en la irrazonabilidad de la solicitud de un nuevo documento al encontrarse ya cumplidas las exigencias esenciales de seguridad de conformidad con lo establecido en otra resolución ministerial. (…)Disconforme, la Dirección General de Aduanas interpuso el recurso extraordinario (…) que fue concedido por encontrarse controvertida la interpretación de una norma federal.

El recurrente esgrime los siguientes agravios: a) no existe vicio en la finalidad en la resolución impugnada; b) la resolución goza de presunción de legitimidad; c) el acto cumple con el requisito de legalidad y por ello con el elemento causa; d) no se trata de una barrera paraarancelaria sino de una herramienta estadística con funciones de control de tráfico internacional de mercaderías.(..) los requisitos allí establecidos no aparecen, en principio, como de dificultosa producción: identificación del importador, caracterización de la mercadería a importar, su descripción técnica y comercial, su valor FOB total, el valor en moneda de origen y en dólares estadounidenses, la cantidad de unidades, el peso, la identificación del país de origen y de procedencia y, en consecuencia no se advierte, en este aspecto, la irrazonabilidad del acto.

Además, el fundamento de su dictado radica, como se explicó, en la detección de cambios significativos en el flujo comercial de los productos del sector juguetes y su finalidad es la de efectuar el seguimiento y control de las importaciones de dicho rubro.
Sin embargo, la cámara consideró que el procedimiento para obtener el CIJ era de muy extensa duración, sin explicar las razones de esa afirmación. Tampoco dio argumento suficiente para sostener que el nuevo instrumento constituía un obstáculo para la importación o que se trataba del cumplimiento de una carga irrazonable que debía cumplir quien desarrolla la actividad importadora. Aun así, declaró la inconstitucionalidad de la medida.

En mi criterio, sustentar tal drástica solución -como lo hace el tribunal apelado- en el perjuicio que supuestamente le irrogaría a la actora el llevar a cabo un trámite para la obtención del certificado, resulta absolutamente arbitrario. Ello es así, toda vez que aparece como dogmático el fallo de la cámara, cuando reiteradamente tiene dicho el Tribunal que la declaración de inconstitucionalidad de una norma implica un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 302:457) y que es preciso poner de resalto que está a cargo de quien invoca una irrazonabilidad su alegación y prueba (confr. Fallos: 247:121).

En tales condiciones, observo que las afirmaciones de la sentencia recurrida, enderezadas a sostener la impugnación de inconstitucionalidad que efectúa, resultan meras alegaciones sobre los supuestos perjuicios que experimentaría la actora como consecuencia de las tareas de verificación a las que se debe someter, producidos mediante una reglamentación que tilda de irrazonable. Sin embargo, la demandante no aportó ni, por lo tanto, el tribunal evaluó, elementos probatorios concretos sobre tales extremos, razón por la cual sus argumentos resultan, en la mejor de las hipótesis, meramente conjeturales.
Así, el demandante no ha traído o mencionado ninguna constancia que permita evaluar la desproporción de la exigencia de obtener el CIJ, por lo cual no demostró la irrazonabilidad de la reglamentación impugnada.

Tampoco lo ha hecho en lo que respecta a su derecho a trabajar y ejercer industria lícita, desde el momento en que no ha intentado acreditar de qué manera se ve impedido el ejercicio de su actividad comercial por el deber de control impuesto, o aunque más no fuere, esbozar las dificultades, lesivas y concretas, que le irrogaría la reglamentación bajo examen.(…) Opino, entonces, que corresponde revocar la sentencia en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

De las consideraciones del caso surge que este fallo no obsta a la interposición de futuras acciones contra las licencias no automáticas, debiendo guardarse especial cuidado en la demostración de los argumentos en los que se fundamenta la impugnación.

Dra. Claudia Marinelli

Dpto. Legal Aduanero Alpha 2000