Por Liliana Franco

El Gobierno está estudiando modificaciones al régimen antidumping con el propósito de limitar su aplicación, según trascendió en la Casa Rosada. Esta medida forma parte de muchas otras que la administración de Javier Milei tiene en carpeta para “abrir y desregular la economía”, según adelantaron fuentes oficiales a Ámbito.

Cerca del despacho presidencial se comenta que “la Argentina es el país con más antidumping del mundo”. Lo atribuyen a la acción de grupos empresarios locales que, de esta forma obtienen, “una protección excesiva”.

Señalan que estas restricciones a las importaciones no deben extenderse durante décadas, como sucede en la actualidad con distintos productos (el régimen establece de 3 a 5 años, renovables en determinadas condiciones). Consideran establecer un plazo máximo del orden de los 18 meses.

También evalúan aplicar un tope al porcentaje de derechos, ya que afirman que, en algunos casos, las tasas resultan exageradas. “Hay derechos de hasta 4.200%” argumentan.

Reformas para desfinanciar a la "casta"
“En el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia 70) y en la nueva ley ómnibus que vamos a mandar al Congreso contemplamos sólo un 20% de las reformas que pensamos hacer, pusimos sólo lo que creemos más importante o urgente”, señalan en el entorno de Milei.

El primer mandatario tomó buena parte de sus iniciativas en este orden, de un trabajo elaborado durante dos años por un equipo de siete profesionales liderado por el economista Federico Sturzenegger para Patricia Bullrich (en el marco de sus propuestas como candidata a la presidencia por Juntos por el Cambio).

Analizaron 4.200 leyes llegando a la conclusión que 300 deben ser derogadas y 200 modificadas. En el paper también se incluye en qué consisten estas correcciones. Estas iniciativas fueron compatibilizadas posteriormente con los trabajos que en el mismo sentido venía haciendo Eduardo Rodríguez Chirillo para La Libertad Avanza.

El criterio general con que trabajó el equipo de Sturzenegger consistió en “desarmar cotos de privilegios e impedimentos a la competencia”, señalan en el entorno de este economista. Tras analizar la legislación argentina llegaron a la conclusión que “el robo está institucionalizado, el problema no es lo ilegal, sino los privilegios legales que obtuvieron distintos grupos a lo largo de los últimos cincuenta años”.

El presidente Javier Milei comparte El argumento que se escucha en la Casa Rosada: “Se trata de intereses muy arraigados que empresarios y sindicalistas fueron construyendo durante décadas y para pelear con ellos la única forma que tenemos es desfinanciarlos”,

Por esta razón es que el Gobierno se mantiene firme en cuanto a la necesidad de reconsiderar los aportes a los sindicatos, toda vez que considera que la forma más apropiada de disciplinar a los gremios -y terminar con los privilegios de otros sectores- es “dejarlos sin recursos”. Aunque esta visión se encuentra también con los límites que impone la política.

Al respecto, en las conversaciones con los diferentes diputados por el tema de la ley ómnibus, el radicalismo y otros partidos afines, quieren incluir aspectos de la Reforma Laboral. Aunque, dejando de lado el tema del aporte sindical y a la obra social, como lo comentó el diputado Miguel Ángel Pichetto al termino de la reunión con el ministro de Interior, Guillermo Francos.

Volviendo a los privilegios, mencionan como ejemplo, según la visión oficial, los registros de automotores. Señalan que por cada $1.000 pesos hoy cobran, $300 “van para el político a cargo del registro”. La respuesta fue abrir la competencia nacional a los registros seccionales y de esta forma “desfinanciarlos”.