La suspensión de la obra pública por parte del Gobierno nacional ocasionó una demora en los trabajos del gasoducto Norte, un proyecto que beneficiará a Catamarca y a otras provincias de la región en lo que hace al suministro de gas.

Ante esta situación, la gestión de Javier Milei deberá seguir importando el combustible de Bolivia y Chile para evitar perjudicar la producción de estas provincias. Paralelamente, la gestión libertaria realizó una excepción a su postura antiobra pública y llamó a licitación para concluir con este proyecto, que recién estaría listo en septiembre.

La reversión del Gasoducto Norte formaba parte de un plan elaborado por la anterior gestión para sustituir las importaciones de gas y petróleo, aprovechando la productividad de los yacimientos de Vaca Muerta en Neuquén.

Con su concreción se aseguraba el abastecimiento de gas para las provincias del norte con producción local y a precios más económicos de los que se venían pagando. Además, permitía sustituir las importaciones desde Bolivia y se podía llegar a exportar hacia Chile.

El plan en cuestión incluía el tendido del gasoducto Néstor Kirchner, con una primera etapa desde la localidad neuquina de Tratayén hasta la bonaerense de Salliqueló y un segundo tramo hasta San Jerónimo, en Santa Fe. Desde allí se proyectaba enlazar con otros tendidos para exportar gas a Brasil.

La primera parte, de 573 kilómetros, se inauguró en julio pasado. Sin embargo, con el cambio de gobierno y su política de suspender la obra pública dejó en stand by el resto de los trabajos. Si el plan original trazado por la anterior gestión se mantenía, el proyecto iba a estar operativo en mayo.

Importaciones
Esta demora obligará al país a reiterar este invierno las importaciones de gas de Bolivia y Chile, más la de electricidad de Brasil. Además, podrían reiterarse los embarques de gas natural licuado desde el exterior.

Sin embargo, la compra del combustible del exterior sería a un costo sensiblemente al que se pagó en 2022, que fue cuando más caro se abona. Durante ese año, el déficit en la balanza energética superó los U$S 5.000 millones, según estimaciones privadas, cifra que se redujo a unos U$S 600 millones el año pasado.

Por otra parte, en una de sus últimas revisiones de la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional había estimado que la balanza energética arrojaría un superávit de U$S 3.300 millones en 2024. Con la situación del Gasoducto Norte y la importación de combustible, la obtención de esa meta no es segura.

Licitación
Pero más allá de su postura de suspender la obra pública, el Gobierno realizó una excepción con esta obra, atento a la importancia que tiene para la producción del país.

La semana pasada, la empresa estatal ENARSA licitó los renglones 1 y 2 del plan de reversión. Sin embargo, los retrasos en el llamado a licitación y la posterior adjudicación hará que las obras recién queden terminadas para septiembre, según las previsiones técnicas. Es decir, cuando lo más complicado del invierno haya pasado.

En concreto, ENARSA adjudicó a BTU, la constructora del empresario Carlos Mundin, los renglones 1 y 2 de la licitación, que implican construir un ducto de 22 kilómetros entre las localidades de La Carlota y Tío Pujio, y otros dos ductos paralelos de 62 kilómetros de extensión, con caños de 36 y 30 pulgadas de diámetro respectivamente.

Para adjudicarse el trabajo, BTU ofreció $ 74.300 millones en el primer caso y $ 83.541 millones para el segundo. De esa manera se impuso a la unión Techint-Sacde y a Pumpco, la firma encabezada por el cubano-americano Jorge Mas.

La puesta en marcha de esos trabajos es la excepción a la regla del gobierno de Javier Milei que apenas asumió dispuso detener todas las obras públicas que no estén en marcha o ya licitadas.

El recorte en gastos de capital dispuesto por el Ministerio de Economía en los dos primeros meses del año fue del 88% en términos reales. En el caso de ENARSA, la empresa estatal que planificó, licitó y supervisa la obra, había sido incluida en el proyecto de Ley Ómnibus entre las empresas que el Ejecutivo planeaba privatizar.