Por Franco López

Se trata de los terminales portuarios TPS, STI y DPW, en la región de Valparaíso, quienes habrían ejercido abusos de posición dominante mediante el cobro injustificado de una tarifa de seguridad en el servicio de transporte de carga, según lo afirmado por la FNE.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de tres terminales portuarios de Valparaíso y San Antonio

Esto dado que que cada una de ellas habría ejercido un abuso de posición dominante, solicitando así multas por un total de 26.897 UTA, equivalentes a US$21,7 millones.

Según señaló la FNE, la acusación fue presentada el 11 de marzo, donde afirma que el Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio (DPW) incurrieron en el “cobro injustificado a importadores y exportadores de una tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga, que comenzó a implementarse en septiembre de 2019 por TPS, en septiembre de 2020 por STI y en febrero de 2021 por DPW”.

De esta forma, la Fiscalía Económica expresa que las tres empresas habrían obtenido ingresos de un modo “injustificado (…) debido al carácter cautivo que tienen los importadores y exportadores respecto del terminal portuario que las empresas navieras eligen para la recalada de sus naves”.

Además, los costos que implicaría el cambiar un puerto de atraque por donde movilizar la carga, dejaría a los importadores y exportadores con una falta de capacidad para hacer frente a estos cobros.

A lo anterior, la FNE añadió en su requerimiento que los cobros por tarifas de seguridad son injustificados, dado que los empresarios que compran y vender bienes “no mantienen vínculos comerciales con los terminales portuarios -a diferencia de las empresas navieras-, y los cobros no se encuentras respaldados en gastos o inversiones extraordinarias”.

FNE afirma estar frente a un “abuso de posición dominante”
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, explicó que “estamos frente a un claro ejemplo de abusos de posición dominante, en el cual los terminales portuarios requeridos están ejerciendo de manera abusiva la posición de dominio que tienen ante los importadores y exportadores, cobrándoles injustificadamente una tarifa básica por concepto de seguridad en la transferencia de carga de las mercancías que se movilizan a través de los terminales que operan”.

Según enfatizó Grunberg, casi la totalidad de empresas que movilizan su carga por la región de Valparaíso se vieron afectados por estos cobros extra, ya que las tres compañías requeridas concentran la mayor parte de la industria, cercano al 100% en el caso de la carga en contenedores.

“Para la FNE es fundamental que los abusos de posición dominante sean sancionados y este caso es de la máxima gravedad, porque los abusos han sido cometidos por concesionarios de una infraestructura de capital importancia para nuestra economía y porque los cobros injustificados no son tolerables en ningún mercado”, agregó el Fiscal Nacional Económico.

Del total de la multa, 10.812 UTA (US$ 8,7 millones) corresponden a TPS, unas 11.047 UTA (US$ 8,9 millones) a STI y finalmente, 5.038 UTA (U$4 millones) a DPW.

STI responde a requerimiento de la FNE
En respuesta al requerimiento de la FNE y las acusaciones de abuso de posición dominante, el STI emitió una declaración donde afirman que son “una empresa regulada que cumple con la legislación que le es aplicable y respeta las normas de libre competencia, claves para el adecuado desarrollo del comercio exterior”.

“De este modo, el “security fee” (la mencionada “tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga”) no ha excedido la tarifa máxima dentro de lo establecido en su contrato de concesión”, añadieron.

Según la empresa, el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica supondría “un cambio de opinión, pues ya se había estudiado el caso de TPS y descartado inconvenientes. En base a este antecedente, la EPSA validó la tarifa para STI”.

Por tanto, STI concluyó y advirtió que este nuevo pronunciamiento “afecta a todo el sistema portuario y su funcionamiento, y desincentiva las necesarias inversiones en materia de seguridad que requiere el comercio exterior, que por lo demás son exigidas por otros entes del Estado”.