Esteban Rafele

La decisión de Acindar de paralizar la producción por un mes por la caída de la demanda puso de manifiesto el escenario recesivo que atraviesan la industria y la construcción y que, según los distintos sectores, no tiene todavía tierra a la vista.

Acindar registró una caída en la demanda superior a la que esperaba y decidió adelantar vacaciones y hacer paradas técnicas en sus plantas, según informó. Como marco general, la Cámara del Acero reportó que, en enero, la producción de acero crudo cayó 7,8% interanual (desaceleró la caída, luego del retroceso del 22,4% de diciembre) y que la de acero laminado retrocedió 24,2% contra el inicio de 2023.

Según la Cámara, la caída de la actividad está atada al derrumbe de la construcción, a la baja en el sector automotriz (-16,7% interanual en enero) y a las menores expectativas para el consumo masivo.

Según el Índice de Producción Industrial de Ferreres, la actividad cayó 4,2% anual en febrero, aunque repuntó 1,6% desestacionalizado desde diciembre. "Casi todos los segmentos relevados han mostrado un retroceso respecto a igual mes del año anterior, aunque el mejor desempeño relativo del rubro de alimentos permitió moderar el número agregado", indicó. "Las perspectivas para el 2024 no son alentadoras", advirtió.

Razones del frenazo
Las industrias que requieren insumos difundidos y la construcción sienten el parate por la baja de la demanda interna, el freno en la obra pública y los efectos de las restricciones a las importaciones que se agudizaron en los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. Es un combo explosivo.

A eso se suma la falta de definiciones del Gobierno a nivel burocrático: funcionarios que todavía no se acomodan en sus sillas o que renuncian a poco de haber asumido, como sucedió con el subsecretario Pyme, Daniel Ibáñez.

La producción de electrónica en Tierra del Fuego afronta todo ese combo negativo, según fuentes del sector. Por un lado, China había frenado el envío de insumos por la deuda creciente. Las empresas cancelaron o refinanciaron esos compromisos y reiniciaron los pedidos.


Las fábricas de Tierra del Fuego, en problemas.
Pero China recién comenzó a producir los paquetes que enviará a la isla, en un proceso que, entre fabricación y embarque, demora unos 100 días, relató un empresario fueguino. Las empresas esperan entre dos y tres meses de líneas de producción frenadas.

Y a eso se suma la perspectiva de una menor demanda interna. Un fabricante contó a El Cronista que vendía al costo los aires acondicionados que produjo para rotar mercadería, a la espera de un eventual repunte de la demanda en el segundo semestre. En una de las empresas grandes fueron dramáticos: "El consumo bajó terriblemente", resumieron.

En ese contexto, las empresas habían comenzado a no renovar contratos temporales y algunas informaron despidos a personal jerárquico. También, indicaron, cayó con fuerza la demanda de equipos para la fabricación de automóviles, como radios y aires.

Autos y autopartes
En el sector autopartista los relatos son coincidentes. Una empresa que se dedica a la reposición indicó que registró una caída del 50% anual en las unidades vendidas. Los fabricantes de autopartes proyectan cerrar el año con una contracción del 10% anual, sobre todo por la menor demanda de piezas por parte de las terminales. "El año arrancón mal, con vacaciones más largas en las terminales y bastante incertidumbre productiva", reseñaron.


Las terminales demandan menos autopartes.
Las reuniones en la UIA sirven de catarsis. Al combo de problemas heredados para pagar importaciones y caída abrupta de la demanda por la alta inflación y la merma del ingreso se suma la propia traba del gobierno de Javier Milei. Una empresa relató, en la central fabril, que tiene frenado un embarque de insumos porque no hay firma para un certificado que debe otorgar el ex Ministerio de Ambiente.

Este tipo de trabas burocráticas, paradójicamente, ocurren mientras la secretaría de Comercio de Pablo Lavigne se esfuerza para mostrar agilización, al eliminar procesos de requerimiento de información como el que, reportó, obligaba a las empresas textiles a declarar datos que ya estaban en poder de las oficinas públicas y generaban un sobrecosto al Estado de u$s 5 millones.