Medida busca incentivar el uso de su zona franca. Se señala que las familias residentes podrán acceder al beneficio cada 5 años y que en dicho plazo el vehículo queda liberado para circular sin restricciones.

Se estima que hasta un 25% menos podrán pagar los habitantes de la provincia argentina de Santa Cruz por un vehículo nuevo adquirido en la Zona Franca de Río Gallegos.

Lo anterior responde al beneficio incorporado por el Ministerio de Economía de la Nación, que busca impulsar la utilización del recinto franco para los comerciantes y publico, y permitir el acceso de las personas a la adquisición de vehículos nuevos a través de lo que se ha denominado el “plan autito”.

Ante “el aumento sostenido en el valor de los bienes a nivel internacional y la observancia de las variables económicas generales, se considera necesario actualmente realizar una adecuación en los valores relativos a los vehículos automotores a su ingreso a la zona franca, que genere un incentivo para impulsar el desarrollo de la misma, permitiendo afianzar la radicación de mayores inversiones con impacto directo en el empleo y desarrollo local”, justifica la resolución ministerial.

Las unidades que se comercialicen en esos territorios libres de tributos estarán eximidas de pagar los aranceles aduaneros, el Iva, Bienes Personales y todo otro tipo de impuestos internos. Sólo se mantendrá el Ingreso Bruto que cobra el gobierno local.

En cuanto a los requisitos para este nuevo beneficio, se establece que podrá ser solicitado por toda persona con residencia mínima de 2 años en la provincia de Santa Cruz, lo cual será acreditado a través del Certificado de Zonas Francas de Residencia Santacruceña expedido por la Subsecretaría de Asuntos Registrales” del distrito.

Se indica, además, que cada grupo familiar -cónyuge o hijos menores de 16 años de edad- podrá comprar un auto cada 5 años y lo deberá tener, al menos, los primeros dos a su nombre. A los 17 años, cualquiera está autorizado. Después, lo podrá vender o cambiar de titular sin pagar aquellos impuestos franquiciados siempre y cuando el auto permanezca en la provincia.

En cuanto a la utilización, se autoriza a salir de los límites de Santa Cruz 90 días al año; luego del quinto el vehículo queda liberado, pudiéndose disponer su tránsito sin limitaciones y quedando abierta la posibilidad para adquirir un nuevo automóvil.

El beneficio se hizo extensivo también a motocicletas de hasta 5.000 dólares y pick-ups de hasta 56.000 dólares.

Aquellas “limitantes” no son lo único, puesto que también se incorporó un límite en el valor de los vehículos a adquirir: 35.000 dólares para autos (sobre $29 millones en moneda chilena) y 56.000 para camionetas (poco más de $47 millones).

Para los comerciantes

En cuanto a las medidas para los comerciantes, se indica que para lo que resta de 2023 el cupo de vehículos a comercializar bajo esta normativa será de 6 mil unidades, aumentando a 7.500 durante 2024 y 7.750 en 2025. Junto con ello, se establece que los autos deben entrar al país a través de la filial local o de un importador oficial si es el caso de una marca que no tenga planta en Argentina. No obstante, aquello no afectará el cupo que cada marca tiene para su red de concesionarios.

En cuanto a los impuestos, el único que se sumará al valor Fob (precio del producto puesto ya sobre el buque que lo lleva a su destino final) es el de Ingresos Brutos de la provincia patagónica, no así lo que corresponden a Iva del 21% a los automóviles; Iva adicional de importación, 20%; impuesto interno (20% o 35%), tasas de estadísticas (3%), derecho de importación (35%) e impuesto a las ganancias (2%).

Se estima que al menos en su primer año el impacto de la medida no será tan grande, debido a la falta de stock y al tiempo de tramitación para el ingreso de vehículos al país y a la provincia. Por tal razón, se estima que los primeros automóviles en ser comercializados bajo esta nueva franquicia serán los procedentes del Mercosur y de China.

Para la puesta en marcha de la medida, se está a la espera de ultimar detalles en cuanto a los controles y coordinaciones de los servicios que tendrá a cargo los procedimientos.