Doctrina

Por Jorge Argentino Patricio. Publicado en "Guía Práctica de Comercio Exterior y Anticipos del Nomenclador Arancelario Aduanero" Número 391 del día 15 de Octubre de 2019, pág. 3.

Infracciones Aduaneras
Este artículo se refiere a la responsabilidad del despachante de aduana en materia de infracciones aduaneras, en particular la infracción prevista en el artículo 954 del Código Aduanero, denominada declaración inexacta.

El artículo 954 C.A. penaliza a quien para cumplir cualquier operación o destinación aduanera, efectuare ante la aduana una declaración que difiera de la que resulte de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida produjere o pudiere producir un perjuicio fiscal, una trasgresión a una prohibición o el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar, distinto del que correspondiera.

Esta infracción suele inquietar a los despachantes de aduana, pues ellos son los que en representación de los importadores o exportadores, registran ante la aduana los documentos necesarios para dar curso a estas destinaciones.

La aduana, cuando del control de una destinación aduanera resulta la posible comisión de una declaración inexacta que encuadre en el artículo 954 del C.A., imputa tanto a los importadores o exportadores, como a los despachantes de aduana que actuaron en representación de ellos.

Por razones que no se alcanzan a explicar, no todas las aduanas actúan de la misma forma y pues en algunos casos se omite imputar al despachante de aduana y correrle vista para que ejerza su defensa y por lo tanto este no es parte en el sumario.

Pero lo común es que en esa situación se lo impute y corra vista para la defensa, de acuerdo al artículo 1101 del C.A. tanto al importador o exportador, como al despachante de aduana actuante, a quien se suele declarar “solidario” en la situación y se les informa que, si realizan el pago voluntario de la multa mínima, se declarará extinguida la acción penal y no será registrado el antecedente, según los artículos 930 y 932 del C.A.

En esta misma oportunidad procesal también se les informa que, si realizan dicho pago voluntario, no resulta necesaria la intervención de un abogado defensor, lo cual es de dudosa legitimidad y susceptible de amenazar el derecho de defensa en juicio.

Así, el despachante de aduana termina siendo parte en un sumario aduanero e imputado por una presunta infracción. En tales condiciones, si quiere demostrar su inocencia y evitar una eventual sanción, aún mínima, debe ejercer su defensa y para ello, contar con la asistencia de un abogado.

En la actualidad no ocurre lo mismo con las obligaciones tributarias que pudieren surgir de la actividad que el despachante de aduana despliega en nombre de terceros, importadores o exportadores, pues el código aduanero no lo contempla y además, porque ya por medio de la Resolución nº 3459/73, en vigencia de la Ley de Aduanas (t.o. 1962) y en uso del artículo 4º de la misma, se estableció que los cargos por tributos derivados de las destinaciones de importación o exportación sólo se podían formular contra los importadores o exportadores de las mercaderías, eximiendo de responsabilidad a los despachantes de aduana, a quienes también se los consideraba por práctica “solidarios” con aquellos, cuando su verdadera obligación era comprometer una declaración aduanera dentro de los límites de su mandato y de acuerdo a la documentación recibida.

Para desligar al despachante de aduana de dicha situación se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la justicia federal en su interpretación de los artículos 167 y 171 de la Ley de Aduanas (t.o.1962).

Ya en un fallo plenario del Tribunal Fiscal de la Nación, en la causa “Moreira S.R.L.” de 6/6/1969 se había establecido que los deudores de las obligaciones tributarias no eran otros que los consignatarios de las mercaderías, porque nuestro derecho positivo no responsabiliza por su pago a los despachantes de aduana. En igual sentido y en aplicación de dicha doctrina plenaria TFN G-1154-29/4/1982 Expediente nº 4424 “Fainstein, Adolfo” entre numerosos otros.

En la causa “Lauría, Jorge Alberto s/recurso TF”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 3, 28/3/1985 resolvió que los tributos a los que se refería el artículo 8º de la Ley 17.325 eran los que derivaban de la actuación del despachante de aduana por cuenta propia y en igual sentido se expidió la Sala 4 de la misma Cámara en 16/2/1982 en la causa “Televa”. Estos casos y otros similares son citados en “Jurisprudencia Aduanera”, Guía Práctica del Exportador e Importador, pag. 25 (Silbert, Crecía y Zunino, Edición junio 1988).

Pero la responsabilidad del despachante de aduana en materia infraccional, particularmente en las infracciones previstas en el art. 954 del C.A. se mantiene incólume y por ende, este termina, de común, siendo parte en dichos sumarios.

Esto nos lleva a expresar una inquietud: ¿Tiene sustento legal esta imputación que la aduana realiza a los despachantes de aduana considerándolos las más de las veces como “solidarios”? Recordamos que la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación, de acuerdo con el artículo 828 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Para develarlo, corresponde en primer término analizar la normativa legal establecida al respecto en materia aduanera.

El artículo 36 del C.A. señala que “Son despachantes de aduana las personas de existencia visible que, en las condiciones previstas en este Código, realizan en nombre de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás operaciones aduaneras.”

Al igual que en el antecedente de esta norma, la Ley 17.325, se los define como personas físicas, de forma tal que quedan excluidas de dicha actividad en su actuación ante la aduana las personas de existencia ideal o jurídica en cualquiera de sus formas. Esto no implica que los despachantes de aduana no puedan organizarse desde el punto de vista comercial bajo formas societarias, pero ante la aduana deben actuar a título individual y en tal carácter resultan sus obligaciones.

Se debe destacar que en la propia definición expresada en el artículo 36 del C.A. se señala que en los trámites que realiza ante la aduana, actúa “en nombre de otros” porque lo que caracteriza al despachante como tal es que actúa por cuenta y en representación de sus mandantes ante la aduana.

Ello no impide que este profesional gestione las destinaciones aduaneras sin invocar representación alguna, pero en este caso no actuará como tal sino como importador o exportador.

Al referirse a la responsabilidad de quienes actúen ante la aduana, la Ley 22.415 (Código Aduanero) se aparta del artículo 16 bis de la Ley de Aduanas, pues el mismo establecía el principio de responsabilidad objetiva, sin que se precisaran sus límites y no tomaban en consideración los elementos subjetivos de la acción imputada.

En tal sentido la Exposición de Motivos de la Ley 22.415 señala que se propone una regulación más precisa, pues la nueva fórmula legal se integra dentro de un esquema que deslinda en forma más concreta el ámbito de las conductas sancionadas.

El artículo 902 del C.A. señala que la sanción prevista para las infracciones aduaneras sólo puede aplicarse a quienes hubieren incumplido los deberes a su cargo.

Es decir, el esquema del código en esta materia gira en torno al cumplimiento de los deberes impuestos por las normas aduaneras, poniendo un justo límite a la responsabilidad de los agentes que actúan ante la aduana.

Con respecto al tema que nos ocupa, los despachantes de aduana, en el artículo 907 del C.A. se establece que el importador o exportador son solidariamente responsables por los hechos punibles cometidos por los despachantes de aduana, apoderados y dependientes que actuaran por ellos.

Esta norma es discutible desde el punto de vista penal, pues las personas responden sólo por sus hechos propios, basado en el fundamental principio del derecho penal que exige la identidad del infractor y del condenado, de acuerdo al principio de la personalidad de la pena, según el cual sólo es posible sancionar a quien comete el ilícito, pues la realización del tipo penal surge exclusivamente de la acción humana.

No ocurre así desde el punto de vista civil, en que se puede establecer la solidaridad por hechos ilícitos de dependientes y mandatarios desde el punto de vista pecuniario. Aquí la responsabilidad solidaria surge de la ley, de acuerdo al artículo 907 del C.A. y afecta a importadores y exportadores por los hechos que los despachantes de aduana cometan en ejercicio de su mandato o encargo.

En el artículo 908 del C.A. se establece la responsabilidad del despachante de aduana por los ilícitos que surgieren de su actividad como tal, a menos que pruebe haber cumplido con las obligaciones a su cargo.

Se establece así en forma específica una circunstancia absolutoria, pese a que la misma esta contemplada en forma genérica en el artículo 902 del C.A.

Sin duda ha primado en los redactores de la norma la particularidad de la función que desempeña el despachante de aduana cuando ejecuta materialmente una acción de la cual puede surgir la conducta incriminada, actuando en representación de otro, sea importador o exportador.

De esta forma, se le otorga la posibilidad de justificar su conducta, mediante una norma que permite analizar las modalidades de la operación y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin que se establezca solidaridad al respecto del despachante de aduana para con sus mandantes.

Si bien desde el punto de vista penal, al cual adhiere el código aduanero en los artículos 894 a 901, es dable establecer que nadie puede ser penado por el hecho de otro y que se debe distinguir entre quien actúa en las diversas formas de participación penal y quien actúa como mero instrumento de otro, lo cierto es que la legislación aduanera se caracterizó anteriormente por su carácter objetivo y por ello resulta razonable una norma de esta índole que permita separar de la imputación al despachante de aduana que ha cumplido las obligaciones a su cargo en el desarrollo de su compleja actividad.

Cabe destacar, sin embargo, que de la legislación vigente y sus reglamentaciones no surge cuales son en concreto las obligaciones del despachante de aduana y aunque la Corte Suprema haya sostenido que no cabe responsabilizar al despachante de aduana si de su actuación no resulta que incumplió con las obligaciones de su competencia (Causa “Fernández, Demetrio”, CSJN, 6/11/1973), estas no están suficientemente claras.

Por tal motivo y particularmente en materia de la responsabilidad penal que surge del artículo 954 del C.A. no es suficiente sostener que, por ser despachante de aduana debe tener responsabilidad en el hecho, sino que es necesario además, demostrar como influyó ello en cuanto a la concreción del hecho imputado y como la acción desarrollada encuadra en el tipo penal y por ello, es necesario recurrir a la casuística para abordar la cuestión con mayor certidumbre.

Desde hace muchos años la jurisprudencia viene resolviendo que el despachante no es responsable si se ajustó a sus obligaciones, pudiendo citarse al respecto las causas “Pedró Hnos.S.A.I.F.I.A.” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, 18/7/78; la Sala I del mismo Tribunal en el caso “Bruni y Cozza S.R.L., Régimen Aduanero, Agosto 1980, pag. 528, resolvió que para establecer si el despachante de aduana cumplió o no con sus obligaciones, debe estarse a las que le fueron normativamente impuestas.

En la causa “MESURACO Eduardo Alejandro c/D.G.Aduanas s/recurso de apelación”, Expediente nº 28.277-A, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “G”, 10/4/2019, se determinó que “…al no haberse invocado que el despachante de aduana se hubiere apartado de la documentación complementaria, se aplica la doctrina de la Corte Suprema, in re “Garibotti, Armando” (Fallos, 287:191) acerca de que queda, en principio, exento de responsabilidad el despachante de aduana que cumpliendo con las obligaciones a su cargo, se atiene a lo manifestado por el importador y a lo que resulte de la documentación complementaria, salvo que incurra en hechos personales que lo comprometan y dado que en el caso surge de la documental agregada a las actuaciones administrativas que el despachante efectuó la declaración de acuerdo a los elementos provistos por el importador, es decir, la factura comercial y el certificado de origen, “debe tenerse por acreditado que el despachante de aduana cumplió con las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual corresponde eximirlo de responsabilidad, de conformidad con el precepto emergente del art. 908 C.A.”

En similar sentido, en la causa “DI FIORI, Jorge Luis c/D.G.Aduanas s/recurso de apelación” Expediente nº 27.706-A Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “G” 21/6/2017 se resolvió que “…Si bien en la causa se ha podido verificar la comisión de la infracción tipificada en el art. 954 inc. a) del Código Aduanero, se considera que dado que la jurisprudencia acerca de la causal de exculpación del art. 908 del C.A. (el despachante no es responsable de la infracción cuando acredite haber cumplido con las obligaciones a su cargo) es conteste, en principio, en que esa causal se da cuando el despachante se ajusta -en la declaración- a las instrucciones de su comitente y que ello es así cuando la declaración se ajusta a los datos de la documentación complementaria del despacho de importación/permiso de embarque y que, en el caso, según resulta de la documentación obrante en el expediente administrativo (sobre contenedor del despacho de importación junto con la factura comercial y demás documentación complementaria), surge con suficiente certeza que el despachante de aduana, al efectuar la declaración de la mercadería y su PA en el despacho de importación, se ajustó a las instrucciones del importador (esto es, a lo expresado en la referida documentación), no advirtiéndose hechos personales (tales como dolo, negligencia, imprudencia o impericia o incumplimiento de los deberes a su cargo) que puedan comprometer su responsabilidad, corresponde aplicar la causal eximente del citado art. 908 del C.A.”

En la causa “HOLGADO, Alejandra Marcela” (TF 22.824- A) nº 20.579/2008, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, del voto del Dr. Buján se extraen los siguientes conceptos: “Toda vez que la despachante de aduana se ajustó a los precios que figuraban en la solicitud de reexpedición que el importador le había suministrado, la revocatoria de la multa que se le impusiera resulta ajustada a derecho, sin que corresponda aceptar la postura que el Fisco ensaya en torno a la afirmación contenida en el fallo en recurso en cuanto a que, la administración fiscal puede determinar el valor en aduana de la mercadería, apartándose del valor documentado, sin que por ello necesariamente se tipifique la infracción prevista y penada por el art. 954 del Código Aduanero, cuando no existe obligación legal que le imponga al despachante comprobar la exactitud del valor consignado por el importador a los fines de efectuar la declaración aduanera sino que, el despachante cumple con las funciones a su cargo si se ajusta a los datos contenidos en la factura…”

Como se puede advertir, la responsabilidad del despachante de aduana gira en torno al cumplimiento de las instrucciones recibidas del importador/exportador y al apego a la documentación complementaria que le es suministrada, sin que resulte “solidario” con los hechos del importador o exportador.

Corresponde agregar que dichas instrucciones deben ser verosímiles y la documentación debe tener los visos de seriedad suficientes para llevarlo al convencimiento de la corrección de su actuación en el caso concreto.

La doctrina opina en forma similar: Fernández Lalanne en “Comentarios al Código Aduanero”, pag. 601, art. 908, expresa que a fin de determinar la responsabilidad del despachante de aduana, se debe analizar si cumplió las obligaciones a su cargo, debe estarse a lo que le manifieste el exportador o importador en su caso y a lo que resulte de la documentación complementaria quedando exento, en principio, de responsabilidad si se ajustó a ella, a menos que durante el trámite ante la aduana cometa algún acto personal que lo comprometa y siempre que los datos proporcionados por dicha documentación sean suficientes para aforar las mercaderías. Cita profusa jurisprudencia en tal sentido.

Gottifredi (Código Aduanero Comentado, págs. 854/855) por su parte, al referirse al art. 902 de la Ley 22.415 expresa que el Código Aduanero se aparta de su antecedente, ya que el mismo no delimitaba claramente el alcance de la responsabilidad objetiva, proponiendo así una regulación más precisa.

Edwards (Régimen Penal Aduanero, Ed. Astrea, pág. 99) señala “Creemos, sin hesitación, que este artículo (se refiere al art. 902 del C.A.) recepta la responsabilidad subjetiva en materia de infracciones aduaneras, plasmando el garantizado principio de culpabilidad o de personalidad de la pena. La interpretación contraria implica abandonar los principios del derecho penal liberal para transitar peligrosamente por los senderos del derecho penal totalitario, que considera únicamente la materialidad del hecho y prescinde de la participación subjetiva del autos”.

Ello excluye la responsabilidad del despachante de aduana y la pretendida “solidaridad” con el importador o exportador, que no surge de norma alguna.

La propia aduana lo tiene reconocido en numerosos casos: Tales el sumario nº602.497/77, fallo 197/80 en el que se expresó que la tarea del despachante de aduana es la tramitación, diligenciamiento y obtención del despacho, sin que nada lo obligue por los resultados de la operación.

En forma más reciente, ya bajo la vigencia del Código Aduanero, la aduana resolvió en el expediente nº 601.051/87, Fallo ANCO nº 147/94 del 15/3/94 “Que con relación a la responsabilidad del despachante de aduana, surge del examen de estas actuaciones que habría cumplido con las obligaciones a su cargo, ya que la infracción se constata “a posteriori” del embarque, a través del análisis de fs. 3, lo que denota que no puede exigirse al mismo conocimientos de tal entidad que le permitan “per se” invalidar la calidad de la mercadería. Por lo que corresponde decretar la absolución del despachante de aduana…”

En el sumario nº 600.406/98, resolución DEPLA Nº 1320 del 14/3/2001 se resolvió, por similares razones, absolver al despachante de aduana. En similar sentido, exptes. 602.223/2000; 603.126/1999, fallo 810/2005; Actuación nº 12036-434-2005, fallo 2119/2005, entre numerosos otros.

La actuación del despachante de aduana, su sujeción a las instrucciones y documentación recibidas del mandante, importador o exportador, no deben ser probadas en forma sacramental, sino que basta con observar el desarrollo de los hechos y el trámite de la documentación que amparó las operaciones, de todo lo cual debe surgir que cumplió con las obligaciones a su cargo, impuestas por las normas vigentes a la fecha de los hechos y ello basta para su absolución.

Al respecto, la jurisprudencia y doctrina son pacíficas, habiendo expresado en forma reiterada que la tarea del despachante de aduana es la tramitación, diligenciamiento y obtención del despacho de exportación o importación, sin que nada lo obligue por los resultados de la operación.

Con carácter general, la doctrina en materia de responsabilidad por infracciones aduaneras emanada de la causa “RODIO PANAMERICANA S.A. c/D.G.A.(TF 14562-A)” expediente nº 17.398/2008 de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 6/8/2009, sostiene que es verdad jurisprudencial y principio fundamental el de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente y que debe observarse la regla según la cual no puede admitirse la existencia de una responsabilidad sin culpa (Fallos: 271:297; 284:42; 289:336; esta Sala, 5-8-1997, IBM Argentina S.A. c/Administración Nacional de Aduanas; idem 19-4-2005 Aseguradora Créditos y Garantías S.A. (TF 14322-A) c/D.G.A.; Sala I, 17-9-2002 Gutiérrez de Casari, Reina M del C. v. Dirección General Impositiva; entre muchos otros). Se recordó en aquella causa que debía tenerse en cuenta que las faltas administrativas requieren dolo o culpa en el autor de la infracción como condición del reproche sancionatorio, excluyéndose por lo tanto, cualquier forma de responsabilidad objetiva (19-4-2005 Aseguradora Créditos y Garantías S.A.-TF 14322-A c/D.G.A.)”.

Nada obliga pues al despachante de aduana que cumplió las obligaciones a su cargo y se sujetó a la documentación y las instrucciones recibidas de su mandante, sin que ello lo comprometa por los resultados de la operación.