Lages Joseph c/ Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación.

EXTRACTO DEL FALLO, Por las Dras. Soledad Ortíz y Daniela Dicarlo

En virtud de que la Corte Suprema de Justicia tiene resuelto que la autoridad aduanera goza de un relativo margen de discrecionalidad para fijar el valor de la mercadería, y que no puede desvirtuarse la valoración que practique o acepte sobre la base de afirmaciones genéricas (causa “IAFA S.A.”, de fecha 28-8-73) y, que en la causa la recurrente no ha aportado elementos de juicio determinantes a fin de justificar el valor por ella declarado, no existen motivos para desvirtuar el valor determinado por la D.G.A.


Texto completo:

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de DICIEMBRE de 2012, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Gustavo A. Krause Murguiondo, Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura para dictar sentencia en los autos caratulados “LAGES JOSEPH c/DGA s/ recurso de apelación”, expte. nro. 22.714-A.

El Dr. Krause Murguiondo dijo:

I.- Que a fs. 9/17 se presenta el Sr. LAGES JOSEPH, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución 129/06 dictada el 5/12/06 en la Actuación nro. 12361-424-2006 por el Administrador de la Div. Aduana de Obera en cuanto le exige el pago de la suma de u$s7.283,66 en concepto de tributos a los efectos de la nacionalización del vehículo MERCEDES BENZ Modelo 290 E, chasis MMB001AC1058. Efectúa una reseña de los antecedentes administrativos de esta causa. Plantea nulidad de las actuaciones administrativas como excepción de previo y especial pronunciamiento. Ello en virtud la existencia de ciertos vicios en el procedimiento administrativo ya que en la liquidación tributaria se aumentó el valor FOB declarado de u$s6.000 a u$s9.000 sin ningún fundamento razonable en tanto, conforme resulta del expte. adm., no se habría efectuado un análisis del valor del bien en los términos de la Resol 1568/92. Señala que, posteriormente, se revaluó el automóvil y se estableció su valor en u$s7.500 y que, tales desprolijidades, que provocan la nulidad del acto por falta de motivación. Cita jurisprudencia. Asimismo señala que, la base sobre la cual se liquidaron los tributos, fue excesiva al no contemplar el verdadero valor FOB del vehículo. Sostiene que no corresponde aplicar el IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias ya que al ser el vehículo a nacionalizar un bien de uso se encuentra exento de tales rubros. Añade que, el hecho de que el conjunto de tributos directos igualen el valor del bien, implica que estos resulten confiscatorios y violatorios del derecho de propiedad debiendo reducirse su carga al límite del 33%. Cita jurisprudencia y doctrina. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se haga lugar al planteo de nulidad.

II.- Que a fs. 35/39 la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. Formula la negativa genérica de rigor. Describe brevemente las acts. adms. de la causa. Con relación al planteo de nulidad, señala que existiendo una etapa judicial posterior a la administrativa, no hay una efectiva violación al derecho de defensa por cuanto existe la posibilidad de subsanarse razón por la cual la declaración de nulidad resultaría antojadiza y meramente dilatoria. Cita jurisprudencia. Añade, según la normativa vigente, el servicio aduanero tiene la facultad de pedirle al importador explicaciones complementarias, documentos u otras pruebas tendientes a dilucidar si el valor declarado representa el valor real del bien en cuestión y, cuando haya motivos ciertos para dudar de su veracidad o exactitud, puede efectuar ajustar el valor declarado. En virtud de ello, sostiene que no puede la actora impugnar el monto exigido en concepto de tributos en tanto ha sido ella misma la que no aportó -en la oportunidad en que el servicio aduanero así lo requirió- prueba útil para determinar el valor del bien. Finalmente y con relación a la aplicación del IVA adicional y el Impuesto a las Ganancias señala que el presente régimen es una excepción a una prohibición y que, por tanto, tributa por el régimen general sin tener en cuenta la aplicación de la exención. Ofrece prueba. Solicita se rechace el recurso intentado por la actora, con costas.

III.- Que a fs. 16/17 la actora solicita beneficio de litigar sin gastos. A fs. 41 la DGA contesta el traslado de dicho beneficio. A fs. 43 se elevan los autos a esta Sala G. A fs. 44/45 se deniega el pedido del beneficio de litigar sin gastos. A fs. 48 se provee la prueba ofrecida por la actora haciéndose lugar a la prueba informativa y ordenándose, consecuentemente, el libramiento de oficios a las compañías de seguros “La Caja SA”; “Mapfre S.A” y “Provincia Seguros SA”. A fs. 51/65 se agrega contestación de oficio de Provincia Seguros S.A.; a fs. 74/75 se agrega contestación de oficio de Caja de Seguros S.A. A fs. 76/79 se acredita el diligenciamiento de los oficios señalados. A fs. 81 la actora solicita se ordene el libramiento de nuevos oficios en razón de la existencia de un error en el modelo del vehículo. A fs. 82 se hace lugar al nuevo libramiento con excepción del que fuera dirigido a “Mapfre SA.”. A fs. 83/84 se agrega la contestación del nuevo oficio por parte de “Caja de Seguros SA”. A fs. 86/88 se acredita el diligenciamiento de los nuevos oficios. A fs. 90/91 se agrega la contestación del nuevo oficio por parte de “Provincia Seguros SA”. A fs. 97 se certifica la prueba producida y se declara cerrado el período probatorio. A fs. 97 se elevan los autos a esta Sala “G” y se ponen a alegar. A fs. 108/109 obra el alegato de la actora y a fs. 111/113 el del Fisco. A fs. 115 se pasan los autos a sentencia.

IV.- Que la Actuación nro. 12361-424-2006 se inicia a fs. 1/34 con la solicitud de nacionalización del vehículo Marca: Mercedes Benz; Modelo: 290 E; Chasis: MMB001AC1058 Año 1996 presentada por Joseph Lages (y toda la documentación complementaria). A fs. 35 se ordena la interdicción sin derecho a uso del vehículo de cuya nacionalización se trata. A fs. 36/37 obra el Informe Técnico del Automotor correspondiente al vehículo en cuestión. A fs. 38 obra copia del comprobante de pago del arancel de verificación del automotor. A fs. 39 se agrega copia de la Solicitud de Verificación del Automotor. A fs. 40 se agrega Acta nro. 06/2006 en la que se deja constancia de la verificación del kilometraje del automóvil. A fs. 41/42 se agrega el Aforo nro. 107/06. A fs. 44 mediante nota nro. 0140/06 (SE FVIM) mediante la que se sugiere, en base a las tomas fotográficas obrantes a fs. 32, un valor FOB de u$s9.000/u$s9.800). A fs. 45/46 obra el Aforo nro. 147/06. A fs. 52/60 obra recurso de impugnación presentado por la actora conjuntamente con la documental por ella presentada. A fs. 63 la actora solicita autorización para utilizar el vehículo en cuestión durante la tramitación del recurso de impugnación. A fs. 64 se provee la prueba ofrecida por la actora y se deniega la solicitud de autorización para circular en el vehículo aquí involucrado. A fs. 69 el Administrador de la Aduana de Oberá, mediante Nota nro. 622/06, le solicita a la DV FOPO que efectúe el análisis del valor del bien en cuestión y que practique Informe Técnico relativo a su Nota nro.0140/06 de fs. 44 a fin de fundamentar su posición. A fs. 70 se emite la Nota nro. 203/06 SE FVIM en respuesta al requerimiento de fs. 69. A fs. 70 obra nueva planilla de aforo nro. 204/06. A fs. 72/74 se emite el Dictamen nro. 22/2006. A fs. 75/78 se dicta la Resolución nro. 110/2006. A fs. 80 se agrega solicitud de revisión de la liquidación de fs. 70 presentada por la actora. A fs. 84/85 se efectúa una reliquidación de tributos. A fs. 86/89 se emite la Resolución nro. 129/06. A fs. 92 se intima a Joseph Lages para que en el plazo de 10 días proceda a impugnar la Resol. 129/06 y se dispone que, vencido dicho plazo, se proceda a la reexportación del vehículo en cuestión. A fs. 93 la actora comunica la interposición de recurso de apelación ante este tribunal.

V.- Que la actora plantea, en primer lugar, la nulidad de las actuaciones administrativas en razón de que, según afirma, la Aduana se apartó de la declaración por ella declarado y fijó el valor del automóvil de cuya nacionalización se trata (Mercedes Benz Modelo 290 E, chasis MMB001AC1058 año 1996) sin ningún fundamento razonable toda vez que no se habría efectuado ningún “análisis del valor”.
Que cabe dejar en claro que no se encuentra controvertido el cumplimiento de ninguno de los requisitos exigidos por la Resol. 1568/92 aquí aplicable para la nacionalización del vehículo en cuestión sino, solamente, el modo en que la Aduana determinó su valor FOB (sobre el cual calculó, posteriormente, el monto de los tributos correspondientes).
Que, conforme afirma la actora en su recurso, ésta declaró que el valor del automóvil era de u$s6.000 (ver fs. 10 y 11/11vta. de autos) y fue sobre este valor que la Aduana practicó la primer liquidación tributaria (ver fs.41/42 del expte. adm.).
Que, sin embargo y en base a la sugerencia de la Sección Fiscalización y Valoración de Importación, la Aduana ajustó el valor declarado por la actora fijándolo en u$s9.000 y reliquidó los tributos correspondientes empleando este nuevo valor (ver fs. 44/46 del expte. adm.).
Que, posteriormente y como consecuencia del recurso de impugnación interpuesto por la actora contra esta última liquidación tributaria, el Administrador de la Aduana Oberá solicitó la opinión técnica de la Sección Fiscalización y Valoración de Importación.
Que en respuesta a la solicitud del Administrador la sección mencionada emitió la Nota nro. 203/06 en la que informó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: “esta Instancia a fin de no dilatar en demasía la cuestión planteada y tratar de dar objetividad y celeridad; procede a analizar nuevamente, mediante sistemas informaticos con que cuenta este Organismo, con comparación de precios y valores en el mercado interno, automotrices de venta de usados, surgiendo de la búsqueda para automóviles de similares características, modelo, dependiendo esto también del estado de la Unidad, situación que deberá constatar la Aduana, mediante fehaciente verificación; un VALOR DE DOLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL QUINIENTOS (U$S7.500,00)”.
Que fue sobre este último valor sobre el cual se basó una nueva liquidación de la Aduana mediante la cual se determinó el importe de tributos que, en definitiva, le fueron reclamados a la recurrente mediante la Resolución nro. 129/06 (ver fs. 84/85 y 86/89 del expte. adm.).
Que la verificación del automóvil fue practicada por la Aduana según resulta de las constancias obrantes a fs. 35/40 lo que permite afirmar que este organismo tomó conocimiento de las características específicas del mismo.

VI.- Que cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia tiene resuelto que la autoridad aduanera goza de un relativo margen de discrecionalidad para fijar el valor de la mercadería, y que no puede desvirtuarse la valoración que practique o acepte sobre la base de afirmaciones genéricas (causa IAFA S.A. de fecha 28-8-73).

VII.- Que, por otra parte, las constancias aportadas por la actora en oportunidad de interponer el recurso de impugnación, no resultan elementos de juicio determinantes a fin de justificar el valor por ella declarado.
Que, ello es así, en razón de que uno de tales documentos es una copia simple de una tasación supuestamente efectuada por la firma Mercedes Benz que, tal como resulta de la copia simple de su traducción, “estima” el valor del vehículo en “4.500 Euros” (ver fs. 52/53 del expte. adm.). Este documento, además de no resultar determinarte para la fijación del valor del vehículo por ser una mera “estimación” del mismo, carece de toda certificación de la entidad emisora y, por ende, de todo valor a los fines aquí requeridos.
Que la recurrente acompañó, en la misma oportunidad, una “constancia de precio de ventas en Europa de un automotor de las mismas características modelo 1997” (ver fs. 59vta. del expte. adm.) de la que resulta un valor de 6.500 Euros. Este documento tampoco resulta determinante para desvirtuar el valor fijado por la DGA en tanto no pueden conocerse detalles precisos acerca de las características de tal vehículo o de su estado que permitan efectuar, con certeza, la determinación del valor del automóvil aquí involucrado (ver fs. 55 del expte. adm.).

VIII.- Que cabe hacer referencia también a la prueba producida en estos autos y señalar que, las contestaciones de los oficios que fueran dirigidos a las compañías de seguros “Caja de Seguros S.A.” y “Provincia Seguros S.A.”, tampoco aportan la información necesaria en tanto, la primera de esas firmas manifestó que no registraba en sus tablas valores para el vehículo Mercedes Benz, Modelo 290 E, año 1996 y, la segunda, señaló que no había podido identificar en sus tablas de valores, al vehículo solicitado (ver fs. 84 y 91 de autos), pero señalando que para un vehículo similar, modelo del año 1996, se aseguró en el año 2006 en $ 62.000.-

IX.- Que tales circunstancias (verificación del automóvil por parte de la DGA; opinión técnica de la Sección Fiscalización y Valoración de Importación previa a la liquidación tributaria definitiva e insuficiencia de las constancias aportadas por la actora y de la prueba por ella ofrecida para desvirtuar el valor determinado por la DGA) resultan suficientes, a mi juicio, para rechazar el planteo de nulidad intentado por la recurrente.

X.- Que la actora plantea, asimismo, que no corresponde aplicar el IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias ya que al ser el vehículo a nacionalizar un “bien de uso” se encuentra exento de tales rubros.
Que corresponde señalar, a través de las Resol. DGI 3431/91 se estableció un régimen de percepción del IVA aplicable a la importación definitiva de cosas muebles, gravadas.
Que, por otra parte, mediante la Resol. DGI 3543/92 se estableció un régimen de percepción en el impuesto a las ganancias que se aplicaría a las operaciones de importación definitiva de bienes destinados a su comercialización en el mercado interno.
Que por el art. 2 inc. 3) de la Resol. DGI 3431/91 se exceptuó del régimen de percepción del IVA a las importaciones que revistieran para el importador el carácter de bienes de uso con el alcance previsto por el art. 33 del Título V de la Ley de IVA, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Que, asimismo, por el art. 2 inc. 1) de la Resol. DGI 3543/92 se exceptuó del régimen de percepción del Impuesto a las ganancias a las importaciones definitivas de bienes que revistieran para el importador el carácter de “bienes de uso”.
Que, no obstante ello, los arts. 6 de ambas resoluciones sujetan la exención a la condición de que el importador declare en la correspondiente destinación de importación la condición de bien de uso del bien involucrado pues es en base a tal declaración que el servicio aduanero efectúa la liquidación tributaria correspondiente.
Que, conforme resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. (solicitud de nacionalización del vehículo de fs. 1/2 equivalente a la presentación de la destinación de importación), ninguna declaración se ha efectuado en tal sentido razón por la cual no correspondía efectuar la liquidación tributaria con la excepción prevista en las normas antes mencionadas.
Que la alegación por la actora de que se trataba de un bien de uso realizada a la impugnación del cargo en sede administrativa es extemporánea, en los términos del art. 6° de la Resolución D.G.I. N° 3543/92 y sus modificatorias.
Que, a todo evento, corresponde señalar que, conforme se desprende de la liquidación tributaria de fs. 84/85 del expte. adm. (en la que se basó la exigencia tributaria de la Resolución 129/06 aquí recurrida), el monto correspondiente al rubro IVA Adicional no fue incluido en el total que le fuera reclamado a la recurrente, lo que no puede ser modificado por este tribunal por el principio de la “reformatio in pejus”.
Que, contrariamente a ello, el monto correspondiente al rubro Impuesto a las Ganancias sí fue incluido en el total reclamado debiendo, por los motivos expuestos, confirmarse su exigencia.

XI.- Que, finalmente cabe referirse al agravio de índole constitucional en el que la actora sostiene que el hecho de que el conjunto de tributos directos representen el 100% del valor del bien, implica que estos resulten confiscatorios y violatorios del derecho de propiedad debiendo reducirse su carga al límite del 33%.
Que conviene recordar que, conforme lo establece el art. 1164 del C.A., la eventual declaración de inconstitucionalidad de una norma tributaria o aduanera no es competencia de este Tribunal Fiscal y, por ende, ese aspecto corresponde a la competencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Que, no obstante ello, cabe señalar que nuestra Corte Suprema Nacional tiene dicho que en autos “Montarcé, Marcelo A. C/ANA s/demanda contenciosa” (17/9/74, Fallos: 289:343) “determinados impuestos, en la medida que exceden el 33% de su base imponible afectan la garantía de la propiedad, por confiscatorios, no es aplicable cuando, como sucede en la especie, se trata de tributos que gravan la importación de mercaderías, bien se advierta que si no es constitucionalmente dudoso que el Estado, por razones que hacen a la promoción de los intereses económicos de la comunidad y su bienestar, se encuentra facultado para prohibir la introducción al país de productos extranjeros (arts. 67; incs. 12, 16 y 28 de la Constitución Nacional) con igual razón debe considerárselo habilitado para llegar a un resultado semejante mediante el empleo de su poder tributario, instituyendo con finalidades acaso disuasivas, gravámenes representativos de uno o más veces el valor de la mercadería objeto de importación”.
Que, en ese mismo precedente, señaló que “ello es así habida cuenta que este último poder -el fiscal-, según lo tiene reconocido esta Corte (Fallos 243:98) “tiende, ante todo, a proveer de recursos al tesoro público, pero constituye, además, un valioso instrumento de regulación económica que a veces linda con el poder de policía y sirve a la política económica del Estado, en la medida que corresponde a las exigencias del bien general, cuya satisfacción ha sido prevista en la ley fundamental como uno de los objetos del poder impositivo", agregando aquel pronunciamiento que ello es así, además, porque "en este aspecto las manifestaciones actuales de ese poder convergen hacia la finalidad primaria, y ciertamente extrafiscal, de impulsar un desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas” (el destacado me pertenece).
Que tales son las razones por las que entiendo que no se encuentra afectada, en el caso, la garantía constitucional de no confiscatoriedad.

Que, por todo lo expuesto, voto por:

1.- Rechazar el planteo de nulidad efectuado por la actora y confirmar la Resolución 129/06 dictada el 5/12/06 en la Actuación nro. 12361-424-2006 por el Administrador de la Div. Aduana de Oberá en cuanto le exige a la recurrente el pago de la suma de u$s7.283,66 en concepto de tributos a los efectos de la nacionalización del vehículo en cuestión con más los intereses previstos legalmente.
2.- Imponer las costas a la vencida.

La Dra. Sarquis dijo :

Que adhiere al voto precedente.-

El Dr. Segura dijo:

Que adhiero al voto del Dr.Krause Murguiondo.

En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:

1.- Rechazar el planteo de nulidad efectuado por la actora y confirmar la Resolución 129/06 dictada el 5/12/06 en la Actuación nro. 12361-424-2006 por el Administrador de la Div. Aduana de Oberá en cuanto le exige a la recurrente el pago de la suma de u$s7.283,66 en concepto de tributos a los efectos de la nacionalización del vehículo en cuestión con más los intereses previstos legalmente.
2.- Imponer las costas a la vencida.

Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.-