Sentencia número 006-2011. Tribunal Aduanero Nacional. San José a las diez horas con once minutos del veintiocho de enero de dos mil once.



Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor XXXX contra la resolución número RES-AS-DN-xxx-2xxx del cinco de agosto de 2xxx, emitida por la Aduana Santamaría.



RESULTANDO



I. Mediante resolución número RES-AS-DN-xxx-2xxx del 05 de agosto de 2xxx, la Aduana Santamaría inicia procedimiento administrativo sancionatorio contra el agente aduanero XXXX al considerar que eventualmente cometió la infracción administrativa estipulada en el artículo 242 de la Ley General de Aduanas (en adelante LGA), toda vez que declaró incorrectamente la clase tributaria y el valor de importación, al consignar como estilo Grand Vitara, el vehículo usado, marca Suzuki, año 2000, cilindrada 2500 cc, tracción 4x4, transmisión manual, con número de identificación XXXX, posición arancelaria 8703.23.73.23, amparado a la declaración aduanera de importación definitiva número XXXX del XXXX, a nombre del importador XXXX S.A. (ver folio 44), y en la que figura como declarante y agente aduanero persona natural el señor XXXX, siendo el estilo correcto Grand Vitara JLX. Lo anterior por cuanto consignó como clase tributaria la número 2239185 y como valor de importación la suma de $3.770,70, siendo lo correcto, la clase tributaria número 2346005 y el valor de importación por un monto de $4.317,15, ajuste determinado con fundamento en la revisión física del vehículo, que generó una diferencia en impuestos no declarada a favor del Estado por la suma de $546,45, modificaciones que en su momento fueron debidamente notificadas al agente XXXX el día 27 de julio de 2009, por medio del sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas TIC@, (ver folio 16), siendo que el ajuste o modificación realizada fue aceptado por el recurrente, sin que conste oposición alguna a lo actuado, razón por la cual el mismo quedó firme, procediendo los interesados a cancelar a través del sistema de pagos electrónicos SINPE mediante el talón número XXXX (ver folios 50 y 52) la diferencia de impuestos generada. Señala la Aduana que la eventual sanción consiste en una multa equivalente al valor de importación correcto de la mercancía, sea la suma de $4.317,15, la cual deberá ser pagada de acuerdo al tipo de cambio al momento de cometer la infracción, correspondiendo a un monto de ¢2.543.794,29 y le otorga un plazo de 5 días hábiles para que presente sus alegatos y pruebas en descargo de los hechos señalados. Dicha resolución fue notificada en forma personal al Agente Aduanero el 26 de agosto de 2010. (Ver folios 25 a 32)



II.. En fecha 02 de setiembre de 2010, el agente aduanero XXXX presenta escrito denominado “Recurso de apelación y nulidad” en contra del acto inicial del procedimiento, alegando nulidad absoluta y solicitando el archivo del expediente, al considerar que no existió razón para declarar erróneamente la clase tributaria, dado que el vehículo no portaba emblemas. (Ver folios 33 y 34)



III. La Aduana Santamaría por resolución número RES-AS-DN-xxx-2xxx del 02 de noviembre del 2xxx, emplaza al interesado para que en el plazo de diez días hábiles se apersone ante el Tribunal Aduanero Nacional a reiterar o ampliar los argumentos de su pretensión; la cual le fue notificada al interesado en fecha 08 de diciembre de 2010. (Ver folios 35 y 36)



IV.. Que en fecha 10 de diciembre de 2010, el agente aduanero XXXX se apersona ante este Tribunal, reiterando la interposición de lo que denomina “Recurso de apelación y nulidad” en contra de la resolución que da inicio al presente procedimiento administrativo, adicionando como alegato que, en autos no se determina si se está cobrando la multa a su persona o al agente aduanero XXXX. (Ver folios 40 y 41)



V. Por encontrarse disfrutando de sus vacaciones los licenciados Loretta Rodríguez Muñoz y Franklin Velázquez Díaz, se integra este Tribunal con los licenciados Jose Ramón Arce Bustos y María Elena Soto Ramírez, respectivamente, según acuerdos del Ministro de Hacienda números 104-H del 16 de diciembre de 2010 y 001-H del 04 de enero de 2011. (Ver folios 54 y 55)





VI.. En las presentes diligencias se han observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso de apelación.





Redacta el Licenciado Arce Bustos; y,





CONSIDERANDO



I. La litis: El objeto de la presente litis se refiere al procedimiento sancionatorio iniciado por la Aduana Santamaría contra el agente de aduana persona natural señor XXXX, al considerar que es acreedor a la sanción de una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías prevista en el artículo 242 de la Ley General de Aduanas, por la suma de $4.317,15, pagaderos al tipo de cambio al momento de cometer la infracción, que corresponde al monto de ¢2.543.794,29, lo anterior al consignar erróneamente el estilo del vehículo amparado a la declaración aduanera de importación número XXXX del 24 de julio de 2009, como Grand Vitara, siendo lo correcto Grand Vitara JLX, lo cual generó una incorrecta declaración de la clase tributaria y en consecuencia del valor de importación del citado automotor, ocasionando que en el ejercicio del control inmediato el funcionario aduanero determinara como correcta la clase tributaria número 2346005 y como valor de importación el monto de $4.317,15, generándose una diferencia de impuestos ya cancelados por la suma de ¢254.448,43.



II. Improcedencia del Recurso de apelación: Según se desprende de los hechos expuestos en los Resultados transcritos, la acción recursiva planteada por el agente aduanero XXXX, se interpone contra la resolución número RES-AS-DN-xxx-2xxx del 05 de agosto de 2010, mediante la cual se da inicio al procedimiento sancionatorio que nos ocupa, configurándose en autos una inexistencia de requisitos básicos para que este Tribunal pueda conocer las alegaciones presentadas, en razón de la irrecurribilidad de dicho acto, según las razones que de seguido se exponen.



Primeramente, ha de tenerse presente que los procedimientos sancionatorios, tal y como se constituye el caso que nos ocupa, al igual que todo procedimiento administrativo, se encuentran constituidos por una serie de etapas concatenadas y de ineludible cumplimiento, no pudiendo quedar las mismas al arbitrio y discrecionalidad de la Administración, sino que deben ser necesariamente desarrolladas de forma obligada y progresiva, logrando de esta forma una unidad procesal que a su vez evidencia el carácter teleológico del procedimiento administrativo, como conjunto de actos que persiguen un fin común manteniendo el respeto por los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados, teniendo como norte la determinación de la verdad real de los hechos investigados que, a su vez será la base para el dictado del acto final, que resulta ser la decisión o voluntad que emana de la Administración Pública al cabo del procedimiento; aspectos que son rescatados por el tratadista Ortiz Ortiz al definir el procedimiento administrativo:



“…conjunto de actos preparatorios concatenados según un orden cronológico y funcional, para verificar la existencia de la necesidad pública a satisfacer y de los hechos que lo crean, así como para oír a los posibles afectados y voceros de intereses conexos, tanto públicos como privados, especialmente estos últimos, con el fi n de conformar la decisión en la forma que mejor los armonice con el fin público a cumplir.” [1]



De esta forma, y como parte del cauce formal en que se configura un procedimiento administrativo sancionador, tenemos que el mismo tiene su génesis con el dictado del acto de apertura o acto inicial, a través del cual debe ponerse en conocimiento de quienes figuren como parte procesal una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos por los cuales se inicia el procedimiento y las posibles consecuencias legales que se pueden generar. Una vez notificado dicho acto, el interesado posee el derecho procesal de presentar sus argumentos y pruebas de descargo, configurándose hasta este punto todos los actos que sean emitidos, como actos preparativos o de mero trámite; siendo que ya con posterioridad, acaecerá el dictado del acto final, el cual deberá encontrarse debidamente motivado con base en las pruebas, elementos de hecho y consideraciones de derecho que consten en expediente, siendo éste como se apuntó líneas atrás, la expresión de la voluntad de la Administración Activa respecto al objeto del procedimiento.



La conceptualización apuntada cobra importancia para el caso particular, dado que, tal y como ya se indicó, el agente aduanero XXXX interpone la recurrencia que nos ocupa en contra del acto que da inicio al presente procedimiento sancionatorio, sea la resolución número RES-AS-DN-xxx-2xxx del 05 de agosto de 2xxx, mientras que, de conformidad con el artículo 198 de la LGA, el acto inicial de un procedimiento administrativo en materia aduanera no se encuentra previsto como un acto que resulte recurrible, dado que dicho numeral contempla bajo dicho supuesto únicamente al acto final del procedimiento:



“Notificado un acto final dictado por la aduana, incluso el resultado de la determinación tributaria, el agente aduanero, el consignatario o la persona destinataria del acto, podrá interponer el recurso de reconsideración y el de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la notificación. Será potestativo usar ambos recursos ordinarios o solo uno de ellos. (…)” (El resaltado no es del original)



Como se desprende del citado numeral, el mismo delimita, dentro del cauce formal de actos que conforman el procedimiento administrativo, la posibilidad de los administrados de presentar gestiones recursivas, reservando tal derecho para ser interpuesto únicamente en contra de los actos finales o por ende de aquellos que hagan sus veces, siendo que los vicios propios de los actos preparatorios, intermedios o de trámite, que son los que facilitan o instrumentalizan los actos definitivos, se impugnan conjuntamente con el acto final, no habiéndose previsto dentro de la normativa aduanera la posibilidad de que aquellos sean impugnados en forma directa; al respecto, nuestro Tribunal Constitucional ha procedido a aclarar la irecurribilidad de los actos preparatorios o de mero trámite:



“... La regla de la irrecurribilidad de los actos de trámite, sobre la cual la distinción se ha originado, es una simple regla de orden, no es una regla material absoluta. No quiere decirse con ella, en efecto, que los actos de trámite no sean impugnables, que constituyan una suerte de dominio soberano de la Administración que resulte absolutamente infiscalizable por los recursos. Quiere decirse, más simplemente, que los actos de trámite no son impugnables separadamente. Expresa, pues, un principio de concentración procedimental: habrá que esperar a que se produzca la resolución final del procedimiento para, a través de la impugnación de la misma, poder plantear todas las eventuales discrepancias que el recurrente pueda tener sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos de trámite...” (El resaltado no es del original)[2]



Para el caso concreto, resulta evidente que no consta en expediente que la Aduana Santamaría haya procedido a dictar el acto que da por finalizado el procedimiento sancionador que nos ocupa, razón por la cual, y según lo apuntado, resulta improcedente en esta etapa procesal la interposición del recurso planteado por el agente aduanero XXXX, dado que el mismo se interpone contra un acto de preparatorio o de mero trámite, tal y como lo es el acto que da inicio al procedimiento, no existiendo a la fecha una manifestación expresa de la voluntad de la Administración Activa respecto a la procedencia o no de la sanción por la cual se inician las presentes diligencias; respecto a este punto se ha pronunciado la Sala I de la Corte Suprema de Justicia:



“…Es a partir de este momento que se manifiesta la decisión del Fisco, es decir, emite un acto final. Ergo, la imposición y cuantificación de la sanción al sujeto pasivo incumpliente, no se dan con el traslado de cargos. Estos efectos son propios de la resolución a que se hizo referencia, una vez que se haya dado al contribuyente la posibilidad de oponerse a los cargos, es decir, que es hasta este punto que se puede hablar de un acto final o definitivo. Asimismo, es ante la emisión de este acto que da inicio la fase recursiva en sede administrativa …” ( El resaltado no es del original)[3]





En este mismo sentido, reforzando la improcedencia del recurso en cuestión, se encuentra la limitación dada por la competencia otorgada a este Órgano de alzada según el artículo 205 de la LGA:



“Créase el Tribunal Aduanero Nacional como un órgano de decisión autónoma, adscrito al Ministerio de Hacienda. Tendrá competencia para conocer y decidir, en última instancia administrativa, los recursos contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas.” (El resaltado no es del original)



Así, relacionando el numeral transcrito con el artículo 198 de la LGA, se desprende que este Colegiado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de actos recurribles, sean estos según se indicó, los actos finales de los procedimientos administrativos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas o los que hagan sus veces, siendo imposible y contrario a Derecho para el Tribunal, conocer del recurso de apelación planteado por el señor XXXX, dado que el mismo se interpuso contra un acto que no resulta ser recurrible. Por consiguiente, en apego a nuestro Ordenamiento Jurídico Aduanero, éste Tribunal solamente podrá avocarse el conocimiento de un caso cuando conste en expediente el dictado de un acto final o de uno que haga sus veces, dictado por autoridad competente y siempre que se configuren los presupuestos de admisibilidad correspondientes, mientras que para el presente asunto, de conformidad con los elementos que constan en expediente, se evidencia la ausencia de un acto que decida sobre la infracción tributaria aduanera que se investiga, planteándose el recurso de apelación contra un acto irrecurrible.



De lo anterior se colige que el recurso de apelación planteado en autos deviene en improcedente, pues no será sino hasta que concluya el presente procedimiento administrativo sancionador con el dictado del acto final y por consecuente que se determine la verdad real de los hechos, que se abrirá la posibilidad de una fase recursiva, en los términos previstos por el numeral 198 de la LGA transcrito supra.



En razón de lo expuesto, debe este Tribunal declarar improcedente el recurso planteado.



POR TANTO



Con fundamento en los artículos 198, 205 y 208 de la Ley General de Aduanas y en las consideraciones de hecho y de derecho establecidas, por mayoría se declara improcedente el recurso, Remítase el expediente a la oficina de origen. Voto salvado del licenciado Reyes Vargas quien declara inadmisible el recurso.



Notifíquese al recurrente al medio señalado, fax número XXXX y a la Aduana Santamaría al medio disponible.





Jose Ramón Arce Bustos

Presidente





Shirley Contreras Briceño Elizabeth Barrantes Coto


Alejandra Céspedes Zamora Dick Rafael Reyes Vargas


Xinia Villalobos Orozco María Elena Soto Ramírez





Voto salvado del licenciado Reyes Vargas. Si bien disiente el suscrito de la parte dispositiva, comparte la considerativa de la presente resolución. Es claro que las razones de la mayoría están en función de la admisibilidad del recurso y no en relación con aspectos de fondo que serían los que generan un pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia del recurso.



Por lo anterior es criterio del suscrito que lo pertinente es declarar inadmisible el recurso en lugar de improcedente como en efecto lo hago.







Dick Rafael Reyes Vargas



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[1] ORTIZ ORTIZ, Eduardo, citado por la Procuraduría General de la República, Manual de Procedimiento Administrativo. Versión digital, San José, Costa Rica, 2006, p. 4

[2] Sentencia número 07794 del 03 de abril de 1998.

[3] Sentencia número 00768 del 24 de julio de 2009.