POR editor, 16 / 05 / 2013, 05:00 hS

Los importadores que buscan ingresar su mercadería a Argentina, desde hace un tiempo, vienen utilizando una herramienta para poder hacerlo: los amparos. Pero este derecho viene siendo rechazado por la justicia argentina.

Los jueces que fallan en contra han fijado honorarios para los abogados de Aduana y de Economía que apelaron la decisión que la mayoría de estas empresas dice no poder afrontar.

Los importadores van a la justicia y se multiplican las causas por las pérdidas económicas y financieras que les produce esta situación.

“No solo no contamos con la mercadería, materia prima de nuestro trabajo, sino que además debemos hacer frente a los costos”, se quejó un importador.

Control de importaciones

Argentina utiliza el control de las importaciones como una herramienta de su política económica con el objetivo de proteger distintos sectores productivos.

Esto, sumado a la escalda del dólar blue (paralelo), ha producido que el Fondo Monetario Internacional (FMI) criticara fuertemente las políticas cambiara y comercial impulsadas por el gobierno argentino.

El organismo internacional cuestionó los controles generalizados sobre las operaciones cambiarias y las importaciones, la alta inflación y la fuga de capitales, y consideró que las medidas constituyen un freno importante a la inversión y la actividad.

Cabe recordar que en 2004 Argentina impuso los primeros controles para juguetes y calzado. Pero desde 2008 la Secretaría de Comercio amplió notablemente el espectro de mercadería que requería Certificados de Importación.

Tiempo más tarde surgieron las llamadas licencias no automáticas que se convirtieron en una barrera. En el año 2010 se impuso un cepo a las importaciones, aún vigente, y tuvo un efecto sobre el funcionamiento de una economía que depende de bienes intermedios importados en su producción industrial.

Ante esta situación, los importadores optaron por los amparos y medidas cautelares para que los juzgados ordenaran a la Aduana Argentina el despacho a plaza de la mercadería. El argumento jurídico era el “uso arbitrario y el abuso en la demora” que se tomaba la Secretaría de Comercio.

Estas acciones se tramitan en el fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, el cual tiene 12 Juzgados de Primera Instancia. Al principio solo tres hacían lugar a las medidas cautelares. Sin embargo, las cinco Salas de Apelación del Fuero, revocaban las resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia rechazaban las cautelares y ordenaban la urgente liberación de la mercadería.

Por su lado, el secretario de Comercio argentino, Guillermo Moreno, comenzó a proponer a los importadores que reconsideren la situación, mientras que los abogados del Ministerio de Economía y la Aduana, seguían apelando las sentencias y los jueces fueron cambiando de criterio.

La situación ahora no se basa exclusivamente en desestimar unánimemente los amparos, sino que están regulando honorarios en todos los expedientes a los abogados del Estado.