Causa Nº: 30.263-A Fecha: 18/09/2012 Tribunal: Tribunal Fiscal de la Nación
Tema: Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero. Art. 986 del C.A.

Rodríguez Gastón Gustavo c/ Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación.

EXTRACTO DEL FALLO, Por las Dras. Soledad Ortíz y Daniela Dicarlo

Infracciones aduaneras. Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales.
Al constatarse la tenencia de mercadería de origen extranjero para su comercialización sin los medios de identificación correspondientes -estampillas fiscales- y que en el sumario contencioso no se dispuso producir ninguna medida probatoria y que ninguna prueba realizó el recurrente a fin de demostrar su inocencia, encontrándose a su cargo demostrar lo contrario de lo verificado, es que corresponde confirmar la resolución apelada por la que se imputa la comisión de la infracción tipificada en el art. 986 del CA.



Texto completo:

En Buenos Aires, a los 18 días del mes de septiembre de 2012, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Ricardo Xavier Basaldúa (en su carácter de Vocal subrogante de la Vocalía de la 15° Nominación), Christian M. González Palazzo (en su carácter de Vocal subrogante de la Vocalía de la 13° Nominación) y Cora M. Musso, con la presidencia de la nombrada en último término, a fin de resolver en los autos caratulados: “RODRIGUEZ GASTÓN GUSTAVO C/ DGA, s/recurso de apelación”; expte N° 30.263-A.

El Dr. Ricardo Xavier Basaldúa dijo:

I- Que a fs. 11/14, RODRIGUEZ GASTÓN, por apoderada, interpone recurso de apelación contra la Resolución nº 79/2011 (AD CORI), de fecha 23/05/11 (notificada el 06/06/11) dictada por la Aduana de Comodoro Rivadavia, en el Expte n° 12806-147-2010, en la cual se lo condena al pago de una multa que asciende a cinco mil ciento noventa y nueve dólares (u$s 5.199) por la infracción tipificada y reprimida en el art. 986 del CA, por entender que existía mercadería de origen importado sin que cuente con el estampillado establecido por la autoridad de aplicación. Explica que el tipo infraccional se configura con la mera tenencia de la mercadería de origen extranjero sin los medios de identificación establecidos. En cuanto a la caracterización del hecho ilícito puntualiza que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Menciona que para que se configure la infracción debe estar comprobada la existencia de los elementos materiales, esto es que la mercadería sea: a) de origen extranjero, b) con fines comerciales y c) sin estar debidamente aplicados los medios de identificación. Considera que, en el caso, no ha existido comprobación de que la mercadería incautada sea de origen extranjero, por lo que la imputación no puede prosperar. En cambio, señala que sí fue aportada la documentación que demostraba la legítima tenencia de la misma, la cual fue desconocida. Transcribe la norma en análisis. Cita jurisprudencia de la CSJN. En subsidio, considera de aplicación el principio de insignificancia o bagatela, ya que considera que no existió proporcionalidad entre el hecho ilícito y su eventual sanción. Resalta la irrazonabilidad de la sanción teniendo en cuenta su condición de pequeño contribuyente y la falta de antecedentes sumariales. Ofrece prueba. Plantea la cuestión federal y solicita que se dicte sentencia revocando la resolución, con costas.

II.- Que a fs. 36/38 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una breve reseña de las actuaciones. Por imperativo legal, efectúa una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la actora. Destaca que la estrategia de la contraria fue negar todos los extremos, haciendo hincapié en la negación del origen extranjero de la mercadería. Manifiesta que no surge prueba alguna que sostenga los argumentos de la actora y agrega que la tenencia de la mercadería extranjera sin sus respectivos aplicativos ha quedado cabalmente acreditada. Considera que los extremos exigidos por el art. 986 del CA han quedado cristalizados a fs. 4 de las actuaciones administrativas, mediante el detalle de las prendas allí consignadas, lo que fue aceptado y ratificado por el apelante, a través de su firma (que luce al pie de dicha foja). Entiende que el carácter objetivo de la infracción determina la inversión de la carga de la prueba, la que se configura en cabeza del tenedor, el que deberá demostrar la legítima introducción de la mercadería en cuestión, resultando únicamente válida la documentación aduanera habilitante. Cita jurisprudencia. Concluye que los hechos analizados configuran la infracción prevista y penada por el art. 986 del CA. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita que se dicte sentencia, confirmando el fallo recurrido, con expresa imposición de costas.

III.- Que a fs. 39 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas. A fs. 44 se elevan los autos a la Sala “E” y quedan en estado de dictar sentencia.

IV.- Que de la compulsa de la Actuación n° 12806-147-2010, surge que a fs. 1 se emite una orden de procedimiento para control de mercadería de origen extranjero en el comercio “Al Limite Core Shop”, calle Mitre entre San Martín y Sarmiento, Comodoro Rivadavia, cuya razón social resulta ser GASTON RODRIGUEZ. A fs. 2/4 se labra Acta N° 144/2010, de fecha 16/9/10, en la cual consta que se procedió a secuestrar la mercadería ingresada a la Aduana mediante acta lote N° 96/10 (fs. 22) por carecer del estampillado de ley obligatorio. A fs. 5/14 obra documentación complementaria (facturas comerciales) aportada por el Sr. Rodríguez. A fs. 18 consta el Acta de Denuncia por transgresión al art. 986 del CA. A fs. 24 se instruye sumario contencioso contra Rodríguez Gastón. A fs. 27 luce Acta de Verificación-Acta Lote N° 96/2010, en donde se deja constancia de la verificación física de la mercadería detallada en el Acta N° 144/2010, haciendo una lista de la misma. A fs. 28/29 se agrega planilla de clasificación y aforo. A fs. 33 obra el Cargo n° 80/2010. A fs. 34 se corre vista de todo lo actuado al Sr. Rodríguez, el que es notificado el 14/12/10 (según constancia obrante a fs. 35), realizando su descargo a fs. 36/39. A fs. 44 se declara la causa como de puro derecho. A fs. 47 se deja constancia de que el Sr. Rodríguez no posee antecedentes infraccionales. A fs. 49/52 se emite Dictamen n° 28/2011 (AD CORI) que establece que corresponde emitir fallo condenatorio. A fs. 53/57 se dicta la Resolución n° 79/11, apelada en la especie.

V.- Que la cuestión traída a conocimiento radica en resolver sobre la procedencia de la multa impuesta a GASTÓN RODRIGUEZ por la infracción al art. 986 del C.A. respecto de la mercadería secuestrada en calle Bartolomé Mitre 927 de la Ciudad de Comodoro Rivadavia el 16 de septiembre de 2010.
Que los hechos de autos, corresponden ser analizados en el marco de lo dispuesto en la Sección XII, Título II, Capítulo Decimotercero, del C.A., que comprende los supuestos de “Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales e industriales”. Las figuras que comprende el capítulo en análisis presentan tres elementos típicos: 1°) que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder, entendiendo a la tenencia en el sentido amplio del CA, que incluye la tenencia a nombre de otro (v.gr., locatario, comodatario), al propietario, condómino, etc.; 2°) que la finalidad de la tenencia sea para comercialización o industrialización; 3°) que se trate de mercadería de origen extranjero.
Que, reunidos los tres elementos típicos, el art. 986 del C.A. sanciona al tenedor que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas, con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de 1 a 5 veces su valor en plaza.
Que el Acta N° 144/2010 obrante a fs. 2/4 de los ant. adm. da cuenta de que la mercadería en cuestión fue encontrada por los agentes aduaneros en el local comercial denominado “Al Limite Core Shop”, del rubro tienda y zapatería, cuya razón social es Rodríguez Gastón, con CUIT 20-29686133-3, habiendo sido atendidos por el Sr. Gastón Rodríguez en persona, quien firmó el acta de conformidad (su firma luce en el extremo inferior del costado izquierdo de fs. 3 de las Act. Adm.).
Que surge de la mencionada Acta que “...se constató in situ la documentación respaldatoria que acredita su legal tenencia, observándose que hay mercadería sin estampillas (timbre fiscal), por lo que se encontraría en infracción al régimen de mercadería importada citada anteriormente...”.
Que en el Anexo I del Acta aludida (fs. 4 de las Act. Adm.) se detalla la mercadería que se encontraría en infracción: 1 campera marca Billabong, talle XL, precio de venta $564, origen China; 1 campera marca Billabong, talle S, precio de venta $530, origen China; 1 campera marca Volcom, talle L, precio de venta $528, origen China; 3 camperas marca Vans, talle L, precio de venta $1350, origen Bangladesh; 1 campera marca Vans, talle L, precio de venta $1430, origen China; 2 camperas marca Vans, talle L, precio de venta $900, origen China; 1 campera marca Vans, talle L, precio de venta $1015, origen China;1 campera marca Vans, talle L, precio $1125, origen Bangladesh; 1 campera marca Vans, talle L, precio de venta $1575, origen Bangladesh; 1 campera marca Vans, talle S, precio de venta $900, origen China; 1 campera marca Vans, talle S, precio de venta $1125, origen Vietnam; 1 campera marca Vans, talle M, precio de venta $1125, origen Vietnam; 1 campera marca Vans, talle L, precio de venta $1349, origen China; 1 campera marca Burton, talle XL, precio de venta $1388, origen China y 1 campera marca Burton, talle M, precio de venta $2030, origen Bangladesh.
Que lo expuesto permite colegir que se trataba de mercadería extranjera (origen China, Bangladesh y Vietnam), en poder de la actora (ya que se hallaba en su local) y con finalidad de comercialización (se encontraba exhibida para la venta).

VI.- Que se ha sostenido que “el acta que labre el funcionario fiscal —aunque no sea firmada por el interesado— es instrumento público y hace plena fe, en tanto no se demuestre su falsedad, “de la existencia material de los hechos” que aquél anuncie como cumplidos por él mismo, “o que han pasado en su presencia”, así como de los reconocimientos contenidos (arts. 979, inc. 2º, 993 y 994, CCiv.), mas no de la veracidad de esos reconocimientos, ni de las valoraciones que el acta pudiera contener.” (García Vizcaíno, Catalina, El Procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus Instancias Inferiores y Superiores, 2ª edición ampliada y actualizada, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, p. 394).
Que teniendo en cuenta que en la especie no se produjo prueba alguna que llevara a sostener la falsedad del instrumento público, es que doy por veraces las afirmaciones allí contenidas.

VII.- Que la Corte Suprema ha dicho que “son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos’ 290:202, 5º considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos, 311:2779). Ello, sin perjuicio de la posición de la Excma. Corte Suprema respecto de la carga de la prueba referente a la presunción de culpabilidad ínsita en los elementos materiales del accionar del sujeto activo de la infracción: “en presencia de la materialidad de la infracción ..., incumbe al contraventor la prueba de descargo –Fallos, 198:310- para lo que no basta la alegación de la ignorancia de los preceptos legales –Fallos, 182: 384 y otros-”.
Que en el sumario contencioso no se dispuso producir ninguna medida probatoria y ninguna prueba realizó el recurrente a fin de demostrar su inocencia.
Que “la sola afirmación genérica efectuada en autos por la actora de que la mercadería no es extranjera sin apoyo de prueba concreta que la avale, no reviste suficiente valor exculpatorio, en lo atinente a la comprobación del origen, de manera tal que supedite la acción fiscalizadora a la mera negación del tenedor, hermenéutica que llevaría a la desnaturalización de la figura en trato” (“BRESCA ISAAC MARIO c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, expte n° 19.799-A, mayo 2007).
Que por lo expuesto anteriormente es que no se hace lugar al agravio de la apelante en cuanto a que la Aduana no ha probado el origen extranjero de la mercadería, ya que ha operado una inversión de la carga de la prueba, ahora en cabeza del imputado que debía demostrar lo contrario de lo constatado, lo que no ha sucedido en autos.
Que, por lo tanto, se ha configurado la faz objetiva y subjetiva del ilícito endilgado por la DGA, esto último en virtud de que la apelante no ha realizado prueba alguna que desvirtúe la pretensión de la Aduana.
Que, como se dijo, la sanción impuesta corresponde a la mercadería cuyo estampillado no se encontró agregado.
Que esta circunstancia se encuentra reconocida por la apelante a fs. 3 de las actuaciones administrativas, al firmar el acta de conformidad.
Que este Tribunal se ha manifestado en el sentido de que: “Salvo supuestos muy excepcionales en casos y circunstancias muy especiales que conduzcan a la perfecta “identificación” de la mercadería prima facie en infracción, el principio general, en lo específicamente atinente a los tipos infraccionales de los arts. 985 y 986, y 991 en su parte correlativa a los dos primeros, es que la sola tenencia, o en su caso la transferencia, con los fines allí previstos, de mercadería “sin” llevar aplicados el instrumento fiscal pertinente o el respectivo medio identificatorio, es suficiente para la configuración de las respectivas infracciones, sin que -en principio- sea eximente al respecto, acreditar la legítima introducción o la adquisición de buena fe (respectivamente por documentación aduanera o por facturas expedidas en debida forma y reconocidas), ya que de hecho (y salvo los antes aludidos supuestos de perfecta “identificación”) sólo serían, a mi criterio, la legítima introducción o la adquisición de buena fe de mercadería de la misma especie y calidad, pero no de “la misma mercadería” que se verificase en la tenencia o en la transferencia sin la efectiva aplicación de los referidos medios identificatorios; precisamente porque el medio evidentemente “identificatorio” no es el o los despachos aduaneros, o la o las facturas de venta, sino el instrumento fiscal (impuestos internos) o la estampilla aduanera identificatoria conceptual y regladamente unidos al o a los despachos aduaneros por la identificación en éstos de dichos instrumentos fiscales. De admitirse lo contrario se estaría admitiendo que determinada cantidad de instrumentos fiscales posibilitaran la legítima tenencia (o transferencia) de “mayores” cantidades de unidades del producto al que hubieran estado asignados tales instrumentos.” (Voto del Dr. Sarli, “HOFF y CÍA S.A.” Expte N° 16.894-A, Sala G, sentencia del 11.6.04).
Que, con respecto a las manifestaciones efectuadas por la apelante en cuanto a que acreditó la legítima tenencia de la mercadería mediante documentación aportada, cabe concluir que no son suficientes, ya que del cotejo de las facturas comerciales adjuntas a fs. 5/11 de las act. adm. no es posible determinar que se trate de los mismos objetos.
Que considero que la infracción prevista en la mencionada norma es sustancial y corresponde a la protección que debe ejercer la aduana no sólo en lo que hace a la introducción legítima a plaza de la mercadería de origen extranjero, sino, asimismo, al control mercario, consistente en prevenir al comercio de mercaderías con marca falsificada, a fin de “evitar que los importadores retengan las estampillas fiscales no utilizadas para aplicarlas a mercaderías que posteriormente se introduzcan ilegítimamente” (“Tuma Nicolás Alberto”, expte. n° 22.594, Sala E, sentencia del 29/2/08).
Que sin perjuicio de que la CSJN ha decidido que la hermenéutica del art. 198 de la Ley de Aduanas (cuerpo legal vigente con anterioridad a la sanción del CA) resultaría frustatoria de la garantía constitucional de la defensa en juicio si se la consagra como una suerte de aplicación automática de la pena ante la sola ausencia de adherencias fiscales, dicha interpretación no significa que la adherencia del estampillado fiscal deje de constituir la prueba principal y casi siempre decisiva para determinar la existencia o no de la infracción a las normas aduaneras (Fallos 298:542).
Que, en los presentes autos, no se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio, en tanto se han brindado todas las oportunidades de demostrar que no se cometió la infracción endilgada, sin que la actora aportase prueba tendiente a acreditar tal extremo.
Que, por todas las razones expuestas, y teniendo en cuenta que la actora no pudo desvirtuar la tenencia de la mercadería secuestrada, los fines comerciales de dicha tenencia, así como su origen extranjero, y al no tener, la misma, debidamente aplicados los medios de identificación, es que corresponde confirmar la resolución apelada.

VIII.- Que no se considera aplicable en el sub lite la doctrina de la insignificancia o bagatela. Teniendo en cuenta que todos los elementos constitutivos de la norma (art. 986 del CA) se encuentran expresamente previstos y siendo claro su encuadramiento legal, es que se debe aplicar el derecho al caso concreto, más aún cuando la finalidad de dicha norma es desalentar el contrabando, no pudiendo los jueces apartarse de lo previsto por el legislador.

IX.- Que en cuanto al monto de la multa, en atención a la falta de antece-dentes infraccionales firmes de la parte actora, considero ajustado a derecho gra-duarla en el mínimo que fija la norma, igual a una vez el valor en plaza de la mer-cadería en infracción.
Que conforme surge de la planilla de fs. 28, el valor en plaza de la mercadería en infracción es de U$S 5.199,73.
Que a partir de la sanción de la sanción de la ley 25.561, que derogó los arts. 1°, 2°, 8°, 9°, 12 y 13 de la Ley 23.928 de Convertibilidad, el tipo de cambio aplicable es el vigente a la fecha de configuración de la infracción y, en caso de no poder precisársela, el de su constatación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 926 del C.A.
Que, en el caso de autos, corresponde aplicar el tipo de cambio vigente al 16/9/10, fecha en que se constató la infracción al art. 986 del C.A., igual a 3,949, y no el tipo de cambio del día anterior al pago, tal como lo propuso el dictamen n° 28/2011 (AD CORI) de 49/52 de las act. adm., criterio que fue seguido por la resolución n° 79/11 (AD CORI), aquí apelada.
Que, en virtud de lo expuesto, el monto de la multa asciende a $ 20.533,73.

Por ello, VOTO POR:

1.- Confirmar parcialmente la multa impuesta por la resolución n° 79/11 (AD CORI), cuyo monto asciende a la suma de veinte mil quinientos treinta y tres pesos, con setenta y tres centavos ($ 20.533,73).
2.- Costas a la actora.

El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:

Que adhiere al voto precedente.

La Dra. Cora M. Musso dijo:

Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Ricardo Xavier Basaldúa.

Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

1.- Confirmar parcialmente la multa impuesta por la resolución n° 79/11 (AD CORI), cuyo monto asciende a la suma de veinte mil quinientos treinta y tres pesos, con setenta y tres centavos ($ 20.533,73).
2.- Costas a la actora.

Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Ricardo Xavier Basaldúa (Vocal subrogante – art. 59, pfo. 3º – AA-840/93), Christian M. González Palazzo (Vocal subrogante – art. 59, pfo. 3º – AA-840/93) y Cora M. Musso.