Informantes del Gobierno anunciaron la presentación al Congreso de un proyecto de ley que introduce instrumentos para el desarrollo de nuevas actividades industriales en las provincias.



El objetivo, dicen, es la radicación de plantas productivas destinadas a la exportación industrial y/o a la sustitución de importaciones. Los proyectos exportadores –que pueden incluir la industrialización del litio o la industria de energía eólica o solar, entre otras– se sumarían a proyectos de sustitución de importaciones posibles que, en los sectores químicos, automotriz, etcétera, podrían sustituir, por ejemplo, 15% de esas importaciones. La facturación anual de substitución rondaría U$S 10.000 millones.



Los funcionarios dijeron que los incentivos se asignarán a plantas que se radiquen en el interior – en lo posible – en urbanizaciones de menos de 100 mil habitantes y que sean generadoras de trabajo y promuevan la integración de proveedores locales a los que, con programas de apoyo del Estado, se los potenciará para que adquieran calidad mundial para abastecer a las nuevas plantas. En el Palacio de Hacienda dijeron que copiarán a la Unión Europea al identificar tres niveles diferenciados de incentivos según el nivel de ingreso regional.



Cada inversión, dice el informe filtrado, se espera opere como polo regional de desarrollo copiando las experiencias internacionales que señalan que esos “polos” lograron multiplicar las población regionales hasta diez veces en el término de diez años. Citan también ejemplos locales.



El proyecto de ley contempla que una vez aprobado cada uno de ellos se llevará a cabo la formación integral del personal seleccionado para las plantas. En el proceso participarán el INTI y las universidades nacionales.



Tendrán prioridad desocupados beneficiarios de planes sociales y funcionarios públicos que acuerden su retiro voluntario. Durante el período de formación los cursantes percibirán los salarios y beneficios que disponían previamente. Se prepararán para acceder a empleos de alta productividad. Los cursos se dictarán en la actual radicación de esas personas.



Una vez aprobado los proyectos –y mientras se conforma la integración del capital, la contratación del equipamiento y se conforma la dirección operativa– comenzará la preselección de personal y los cursos de formación.



Los funcionarios señalaron que, a fin de evitar incompatibilidades con la OMC, se realizarán contratos con las empresas inversoras y todos los niveles del Estado.



Como ejemplos, en los considerandos, citan, entre un listado de más de cien proyectos en países desarrollados, los subsidios que, por ejemplo, se otorgaron a Ford (53% de su inversión en Chihuaha y Guanajato en 2015) o el 25% que recibió Land Rover en Eslovaquia (2016/2018). O el 33% de subsidio a Volvo en Carolina del Sur en 2015/2018. Dicen haber inventariado mas de cien ejemplos recientes.



Los contratos de inversión estarán garantizados por los accionistas y por todos los niveles del Estado que participen y una vez perfeccionados comenzará la construcción de las plantas productivas, de viviendas y de la infraestructura económica y social complementarias a las disponibles en la localización, para garantizar el desarrollo de la vida en las comunidades elegidas.



En todas esas actividades de construcción participarán prioritariamente beneficiarios de planes sociales que recibirán sumas adicionales para alcanzar el mismo nivel de ingresos de los trabajadores sindicalizados de cada actividad. Por el diferencial adicional se aportaran cargas sociales quedando eximidos de hacerlo por los montos de los planes que recibían antes de comenzar las tareas.



Todas las obras se realizarán procurando agregar energías renovables y utilizando los recursos materiales y humanos disponibles en la región con el asesoramiento y la asistencia de los organismos estatales comprometidos.



Cada proyecto, señala el articulado, contará con un coordinador nacional que, junto a los funcionarios provinciales y municipales y con los empresarios titulares del proyecto, diseñarán la participación de todas las dependencias gubernamentales y gestionaran los recursos para la ejecución de las tareas que, como dice la ley, estarán especificadas en el Contrato que se celebrará entre la empresa inversora y desarrolladora, el Estado Nacional, Provincial y Municipal.



El contrato contemplará el apoyo de las organizaciones sindicales vinculadas, a los efectos de acordar las modificaciones que sean imprescindibles en las convenciones colectivas de trabajo para adecuar las normas a los requisitos de estos contratos de inversión.



Las localizaciones han sido identificadas en todo el territorio y en consonancia se ha diseñado un plan de transporte que contempla el desarrollo ferroviario de modo que cada localización, en el futuro, se encuentre a no más de 300 kilómetros de una estación ferroviaria dando lugar a un proceso de eficientización del sistema.



Consistentemente el proyecto contempla las normas para el desarrollo de la industria ferroviaria que incorpora beneficios a la industria existente, talleres ferroviarios, construcción de vagones de carga, multimodales, de pasajeros de larga distancia y locomotoras con la mejor tecnología disponible. También contempla instrumentos para el desarrollo de la industria naval.



Lo más importante son los beneficios a otorgar que, dada la precariedad de las finanzas públicas, fueron motivo de consulta a los funcionarios que respondieron: estas inversiones estarán eximidas del impuestos a las ganancias por los próximos treinta años y de todos los tributos provinciales y municipales que se adherirán. Además, las localizaciones –que sean propiedad estatal– les serán adjudicadas sin cargo.



Las empresas de este programa podrán importar la totalidad del equipamiento sin pago de aranceles. La condición que el único financiamiento externo admitido será de un máximo del 30% del valor de los bienes a incorporar. Dicen “queremos inversiones al contado”.



Las inversiones de capitales locales o proveniente de dinero de residentes argentinos, declarado en el blanqueo, tendrán el beneficio adicional, por el plazo de 10 años, de ser liberado de todo impuesto por las utilidades distribuidas. Los capitales extranjeros tributarán impuestos a las ganancias por las utilidades giradas al exterior pero estarán exentas por las reinversiones realizadas en la misma empresa.



Con la excepción de la industria ferroviaria y naval, todas las actividades de las empresas del programa deberán estar destinadas 100% a la exportación, estableciéndose el compromiso de no triangulación para su reingreso al país, y/o para substituir importaciones.



El proyecto dice que cada inversión se materializará por Contrato. El respaldo político quedará sellado en la presentación ante la Asamblea Legislativa, con la presencia y la declaración de apoyo de la casi totalidad de las organizaciones sindicales, partidos políticos, con la excepción de los partidos anti sistema, las organizaciones empresarias y se espera la presencia de los rectores de las universidades nacionales. Las conversaciones están muy avanzadas.



La idea contractual copia la práctica de Corea del Sur, Brasil y la UE. El acuerdo político que los respaldará le dará el carácter de una política de estado a largo plazo. Los Contratos tendrán el respaldo de una mayoría política sustantiva. Los funcionarios dicen que la ley se reglamentará solamente si logra una mayoría de 80 por ciento en ambas Cámaras. Los funcionarios ven en esta ley un verdadero acuerdo nacional de inversión.



Tienen la expectativa que el éxito del proyecto produzca un rebalanceo demográfico, el repoblamiento de las provincias y su conectividad con todos los centros principales del país, una fuerte absorción de los ciudadanos que hoy viven de planes sociales y un traslado de los trabajadores públicos hacia el sistema productivo con mayores salarios.



Exportaciones, sustitución de importaciones, desarrollo territorial y mejora de la demografía laboral conforman un consenso de largo plazo de “incremento de la productividad” que justifica el apoyo que se espera a este proyecto.



El proyecto, dicen, no se olvida de la macro. Incluye el compromiso de mantener un tipo de cambio de valor real estable en función de los costos internos y los precios de nuestros clientes y la reintroducción de las retenciones a las exportaciones primarias teniendo en cuenta, para el sector agropecuario, la atención a los costos en función de las cuentas culturales. Quieren construir una economía de productores.



El fundamento, dicen los considerandos, es que nunca se habían alcanzado los superávit gemelos sin retenciones; y que este proyecto de incentivo real a las exportaciones industriales y substitución de importaciones, en pocos años, lo va a lograr: se establecerían retenciones transitorias hasta que las exportaciones industriales superaran a las importaciones del mismo sector.



Despertó sorprendido. Tenía que ir al “retiro de Chapadmalal”, exponer el pronóstico de tasas y colocaciones de bonos para financiar el déficit primario. Su grupo venía de las mesas financieras. Buena gente. Últimamente habían recibido sopapos, pero seguían creyendo en los beneficios del carry trade. ¿“Curri trade”?



Había soñado otra manera de obtener dólares en máquinas, generando empleo y dólares de exportación y así lograr los superávit gemelos.



Se subió a la moto, sentía algo nuevo. Su viejo le había contado del desarrollo de Argentina cuando él nació, de la movilidad social colectiva y de un país sin pobres.



¿Acaso en el PRO no hablaban bien de Arturo Frondizi que hace 60 años ganó las elecciones aliado a Juan D. Perón? ¿Y Frondizi (o antes Carlos Pellegrini, Federico Pinedo, Perón) no hicieron cosas como las de su sueño? ¿Qué nos pasa?



¿Acaso lo nuevo, como dice el poeta, no es lo que se ha olvidado? ¿Nos olvidamos de crecer?



Se calzó los auriculares y puso “Imagine”: “Usted puede decir soy un soñador/ pero no soy el único” .


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