Causa Nº: 28.760-A
Fecha: 05/06/2012
Tribunal: Tribunal Fiscal de la Nación

Tema: Incumplimiento al Art. 1033 del CA. Representación en el procedimiento de impugnación.

Agencia Marítima Baltzer SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación.

Con fundamento en que “…la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual el recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia de los cargos que pretende realizar la Administración, y es en el marco del mismo en donde se pretende garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado tanto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, como en el artículo 1, inciso f), de la ley 19.549 y normas concordantes…” y en virtud de que “… el principio del informalismo, que se concibe consagrado siempre a favor del administrado…”, se revoca la resolución apelada por la cual en aplicación de lo normado en el art. 1033 del CA se dispuso rechazar la impugnación del cargo cuestionado en la causa.
(Voto Minoritario del Dr. Pablo Garbarino).

Atento lo dispuesto en los arts. 1030 y 1031 de la Sección XIV, Capítulo Tercero del C.A. y que de las act. adm. surge que el presentante del recurso de impugnación en trato no ha acreditado en sede administrativa la representación invocada sin perjuicio de la intimación efectuada por la aduana a tales fines, y toda vez que “la acreditación de la representación legal constituye un requisito esencial del procedimiento, ya que lo contrario, hubiere generado la sustanciación de un procedimiento contencioso viciado de nulidad, atento la falta de legitimación del impugnante… tratándose de una cuestión formal-esencial, cual es la acreditación de la representación invocada, en un procedimiento reglado por la ley, no cabe hacer aplicación del principio del informalismo ya que ello implicaría concretamente no aplicar o aniquilar las normas del Código Aduanero referidas a la acreditación de la representación previstas para los procedimientos que se sustancien en sede aduanera, en el caso, el procedimiento de impugnación motivo de los presentes autos…” se confirma la resolución apelada por la cual en aplicación de lo normado en el art. 1033 del CA se dispuso rechazar la impugnación del cargo cuestionado en la causa.
(Voto Mayoritario de la Dra. Cora Musso y el Dr. Ricardo X. Basaldúa).


Texto completo:

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de Junio de 2012, reunidos los Señores Vocales miembros de la Sala "E", Dres. Pablo A. Garbarino (subrogante), Cora M. Musso y Ricardo Xavier Basaldúa (Subrogante), a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: "AGENCIA MARITIMA BALTZER S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente Nº 28.760-A;

El Dr. Garbarino dijo:

I.- Que a fs. 6/18 se presenta, por apoderado, la firma AGENCIA MARITIMA BALTZER S.R.L., interponiendo recurso de apelación contra la resolución Nº 426/10 (AD SANI), dictada por el Administrador de la Aduana de San Nicolás, por la que se rechaza el procedimiento de impugnación interpuesto mediante la actuación administrativa SIGEA 12625-625-2009, y se confirma el cargo Nº 115/10, intimando al pago de U$D 31.768.-, en concepto de tributos respecto de supuestas diferencias en la carga transportada por el buque “Clipper Morning”. Se agravia por cuanto la resolución definitiva rechaza la impugnación presentada ante el cargo N° 115/2010 por no haber dado cumplimiento en tiempo y forma con lo requerido por el art. 1033 del C.A.. Dice que el Sr. Daniel Rodriguez se presentó dentro del plazo legal como apoderado general de la recurrente, impugnando el cargo antes mencionado y que su derecho de defensa fue ejercido con el patrocinio letrado del Dr. Emilio Pablo Corti Maderna. Advierte el error del Memorando N° 144/10 por el cual se lo tuvo por presentado al Sr. Rodríguez en tiempo pero no en forma, pese a estar debidamente intimado a acompañar el poder original o copia certificada del mismo. Aclara que el memorando es un simple medio de comunicación, y no el acto administrativo decisorio, y que es precisamente por este medio de notificación que se intima por primera y única vez. Aduce que existe una contradicción al tener por presentado al agente aunque no en forma al entender que si no se presentó en debida forma, no debió habérselo tenido por presentado. Entiende que es al Sr. Daniel Rodriguez a quien debió haberse tenido por presentado e intimado a que acredite el mandato invocado. Señala que el Dr. Corti Maderna patrocinó a quien se presentó como apoderado del agente, el Sr. Daniel Rodríguez, y que ninguno de los dos invocó una representación legal, sino meramente contractual (poder general). Dice que la Aduana reconoce al Dr. Corti Maderna como apoderado sin que este invoque una representación contractual y ordena intimarlo a que acompañe poder original o copia certificada del poder. Explica que la intimación ordenada por el servicio aduanero en persona del Dr. Corti Maderna fue finalmente dirigida al agente marítimo. Señala que el agente se consideró presentado a través del Sr. Rodriguez, quien invocó la representación y no a través del Dr. Corti Maderna quien se había presentado como letrado patrocinante. Sostiene que a pesar de las irregularidades el Sr. Daniel Rodríguez, se presentó dentro del plazo de 10 días de intimación y presentó una nueva copia del poder, exhibiendo el original. Afirma que el servicio aduanero recién consideró en su resolución definitiva que las copias del poder acompañadas estaban incompletas y no se especificaba el apoderado. Agrega que aún en caso de faltar el reverso de las hojas del poder, y a pesar de que este error nunca fue señalado previamente, en la hoja primera del testimonio notarial se lee claramente “PODER GENERAL DE ADMINISTRACION, Baltzer Marítima S.R.L., a favor de Daniel Horacio Rodríguez. Advierte que cualquier error material involuntario hubiese sido corregido en debida forma si la Aduana hubiese sido precisa en su intimación. Aduce la inexistencia de faltante. Sostiene que las pequeñas variaciones son resultado de la utilización de diferentes métodos de medición, puesto que el ATA se ve impedido de elegir el mismo sistema de medición utilizado al momento del embarque, y que es el importador quien elige el sistema de medición al momento de la descarga. Dice que se habrían tomado las cantidades descargadas en San Nicolás conforme la balanza fiscal, y que las compara con las cantidades declaradas en el manifiesto, que son “cantidades Draft Survey”. Sostiene que esta manera combinada de medir la exactitud de las cantidades descargadas es inexacta y arbitraria. Cita jurisprudencia que haría a su derecho. Afirma que es la propia administración quien debe demostrar, con los tickets de balanza o actas de partes, el faltante sobre el cual construye toda su actuación y que no es suficiente su propia manifestación unilateral y subjetiva al respecto. Sostiene que no hay perjuicio fiscal, puesto que, el importador despachó a plaza la totalidad de la mercadería declarada por el ATA, y que, en consecuencia, se abonó íntegramente los tributos aduaneros correspondientes a ella, incluso antes de que concluya la descarga. Manifiesta que el servicio aduanero no puede determinar impuestos, como son el IVA y ganancias, facultad que le compete originariamente a la DGI. Agrega que en el caso el servicio aduanero determinó los tributos a ingresar, y lo percibió junto con los restantes impuestos, por lo que ahora pretende cobrar de manera inconstitucional diferencias de impuestos que son competencia de la DGI. Se agravia del reclamo en concepto de IVA, IVA adicional e impuesto a las ganancias. Impugna la liquidación, pues sostiene, que no se ha contemplado lo ya abonado e integrado por los importadores de la mercadería. Agrega que de las destinaciones que obran agregadas a las actuaciones resulta que algunos importadores habrían integrado conceptos impositivos correspondientes a IVA ADICIONAL y GANANCIAS, por lo que mal puede reclamarse el pago de la totalidad de los porcentuales impositivos cuando parte de ellos se encuentran debidamente integrados. Ofrece prueba y solicita que se revoque el fallo, con costas.
Que a fs. 38/41vta., la representación fiscal contesta el traslado conferido. Por imperativo legal, niega los hechos y el derecho invocados por la actora, que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Dice que se rechazó el recurso de impugnación incoado por la actora, toda vez que quien se presentó en representación del A.T.A. Agencia Marítima Baltzer S.R.L., no acreditó dicha representación invocada no obstante estar debidamente intimado para hacerlo. Explica que el C.A., expresa quienes pueden presentarse en representación de un tercero, estableciendo que documentación debe presentarse para acreditar la personería invocada. Menciona los arts. 1030, 1031 y 1033 del C.A.. Sostiene que se intimó a la actora a efectos de que acredite la representación invocada, que los poderes acompañados por la misma no se encuentran completos. Entiende que es la actora y no el servicio aduanero, quien debe probar que dio cabal cumplimiento con las obligaciones a su cargo y que, en consecuencia, no hubo faltante. Afirma que de las actuaciones administrativas surge claramente el faltante. Dice que del informe de la Sección G N° 104/09 (v. fs. 1 ant. adm.) y de las constancias de novedades de ingreso a depósito (v. fs. 7, 11, 15 y 21) surge que hay faltante. Agrega que a fs. 23 obra en un sobre el ticket Balanza Clipper Morning por lo que no es ajustada a la realidad la apreciación de que el servicio aduanero no agregó dicho ticket ni aportó prueba alguna del faltante. Alude que el decreto 618/97 que disolvió la ANA y la DGI, por la AFIP en su art. 3 atribuye facultades a este último organismo para la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas, y en especial de los tributos que gravan la importación y exportación de mercaderías. Cita jurisprudencia que haría a su derecho Señala que no corresponde la reducción en la alícuota del IVA adicional. Hace reserva del caso federal. y solicita que se confirme el fallo, con costas a la recurrente.

II.- A fs. 49 se declara la causa de puro derecho y elevados los autos a la Sala “E” se llaman autos a sentencia.

III.- Que de la compulsa de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa (actuación SIGEA 12625-625-2009) surge que la misma se inicia con el informe de la Sección G N° 104/2009, donde se da cuenta que a la descarga del b/m “CLIPPER MORNING” que transportaba FOSFATO DIAMONICO, resultó un faltante a la descarga de Kgs. 238.780,00 (-1,3286%), siendo el agente de transporte aduanero Agencia Marítima Baltzer S.R.L.. A fs. 2/16 obra el manifiesto marítimo de importación y los d.i junto con los escritos presentados por el despachante de aduana para que la descarga del vapor de referencia se realice por balanza fiscal. A fs. 23 lucen ensobrados los tickets de balanza fiscal. A fs. 24 obra informe del Jefe de Sección “G” (int). sugiriendo que debería pasarse a estado cancelado el d.i por quedar satisfechos la totalidad de los tributos de importación. A fs. 28 obra la verificación, clasificación y valoración de la mercadería en trato y a fs. 29 el cargo N° 115/2010 en concepto de IVA, IVA adicional e Impuesto a las ganancias contra Agencia Marítima Baltzer. A fs. 30/39, con fecha 11.3.10 el ATA plantea impugnación contra el mencionado cargo Nº 115/2010 formulado por la Aduana de San Nicolás. A fs. 49 obra Memorandum N° 144/2010 (AD SANI) por el cual se la tuvo al ATA por presentada en tiempo y no en forma. A fs. 51 se vuelve a presentar quien dice ser el apoderado del ATA. A fs. 58 se expide la Jefatura de la Sección “S” en el entendimiento de que debería darse por concluido y rechazado el pedido de impugnación realizado por la firma BALTZER MARITIMA S.R.L.. A fs. 59 obra el Dictamen N° 121/10 emanado por la asesoría letrada y a fs. 60/61 obra la resolución N° 426/10 (AD SANI).

IV.- Que a fin de resolver el planteo deducido en autos por la firma actora, corresponde recordar que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual el recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia de los cargos que pretende realizar la Administración, y es en el marco del mismo en donde se pretende garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado tanto en el artículo 18 de la Constitución Nacional , como en el artículo 1, inciso f), de la ley 19.549 y normas concordantes.
Es esta última norma la que consagra un principio central de todo procedimiento administrativo, en cuanto establece, en su apartado 1º, que dentro del derecho de los administrados a gozar del debido proceso adjetivo está el derecho a ser oído, el cual implica tener la posibilidad de “exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos”.
Por su parte, no debe perderse de vista que las formas a las que deben ajustarse los procesos han de ser sopesadas en relación con el fin último a que éstos se enderezan, o sea, contribuir a la más efectiva realización del derecho (Fallos 308:552, consid. 2°; entre otros), siendo que la misión judicial y jurisdiccional no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los magistrados, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la significación jurídica de las normas aplicables al caso que consagra su versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu.
En consecuencia, las normas específicas que rigen la cuestión deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente injustas –habida cuenta la conducta inveteradamente observada por la demandada- no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:16; causa “Mary Quant Cosmetics Limited c/ Roberto L. Salvarezza”, del 31 de julio de 1980).
Ello así, pues si bien es cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la inter¬pretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más segu¬ros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias" (Fallos: 234:482; 295:1001).

V.- Que, bajo tales premisas, el derecho de defensa, consagrado constitucionalmente, en el art. 18 de la C.N., el cual tiene un criterio amplio de aplicación tanto en el marco jurisprudencial como en doctrina, se traduce en dos facetas: la faceta adjetiva, cuyas expresiones son, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, y el derecho a obtener una resolución legítima y fundada. En prieta síntesis, se afirma que el imputado tiene facultades para que sean tenidas en cuenta sus pretensiones y cuestionamientos, los cuales se pueden demostrar vía los instrumentos e institutos de los que dispone, por medio de los mecanismos procesales atinentes, y que todo ello se plasme posteriormente en una decisión fundada por el juzgador.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 105/99 (caso “Palacios, Narciso c/ República Argentina”) sostuvo que el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, garantizado por los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, imponen una interpretación más justa y beneficiosa de los requisitos de admisión –en este caso en sede administrativa- y, por el principio pro actione, deben interpretarse en el sentido más favorable a la jurisdicción.
Tales cláusulas son complementadas por los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos (con alcance a las personas colectivas), en cuanto consagran el principio de tutela judicial efectiva (art. 8, inciso 1°, del Pacto de San José de Costa Rica): “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole”.
Dicha norma, que reconoce expresamente el llamado “debido proceso legal”, ostenta indudable rango constitucional en nuestro ordenamiento, y contiene el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (vide, Opinión Consultiva N° 9, CADH, párrafo 28, del 6 de octubre de 1987), por lo que su estricta observancia deviene inexcusable.
El artículo 18 de la Constitución Nacional establece, como principio fundamental, la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, debiendo procurarse, en lo esencial, que la libertad de defensa no sea coartada por las leyes hasta impedirle (al justiciable) producir la prueba de su derecho, o ponerlo en condición desigual con los demás, ya que las directivas del artículo 18 de la Constitución Nacional suelen servir de guía para la interpretación de la voluntad legislativa, asegurando la búsqueda de la verdad material sobre la verdad formal y el ritualismo infecundo que suele ser fuente de injusticias, máxime cuando la aspiración de toda comunidad es la implantación de un orden social justo.
Es decir que, como pauta interpretativa, debe prevalecer la que tienda a la adecuada protección del derecho de defensa, de allí que cuando alguna duda pudiera subsistir sobre la irregularidad atribuida al acto de presentación formal en sede administrativa, debe estarse a la solución que evite conculcar garantías de neto corte constitucional (art. 18 CN).
En tal sentido, también cabe aplicar el principio del informalismo, que se concibe consagrado siempre a favor del administrado, y que tiende a que éste pueda lograr el dictado de una decisión legítima sobre el fondo del asunto superando los inconvenientes de índole formal, teniendo por límite el contenido mismo de la presentación que formula el administrado, debiendo resultar indubitable por lo menos la voluntad de este de reclamar, impugnar o apelar, como sucede en la especie.
Por ende, la garantía de defensa en juicio debe ser expresamente reconocida en el procedimiento administrativo. Cuando no se han respetado sus principios fundamentales y especialmente el derecho de ser oído y producir la prueba de descargo de la que el interesado quiera valerse “no se ha “preparado” la voluntad en la forma prevista por el orden jurídico” (Agustín A. Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, cap. IX, pág. 7).
Por lo tanto, la interpretación efectuada en la especie por la DGA en relación a los alcances que corresponde conferir en sede administrativa al art. 1033 del Código Aduanero, impidió a la firma actora ejercer adecuadamente su derecho de defensa, sumado al hecho que dicha violación de la garantía del debido proceso legal se ha dado en el marco de un proceso administrativo, lo cual vicia la legalidad del acto administrativo impugnado en virtud de la vulneración de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 1° inciso f) de la ley 19.549 y concordantes; por lo que corresponde hacer lugar al presente recurso.

Por ello, VOTO por:
1°) Revocar la Resolución N° 426/2010 (AD SANI) recurrida en la especie. Con costas.
2°) Firme que quede el presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros remítanse las actuaciones administrativas a la DGA, para que continúe el trámite y se pronuncie acerca de las cuestiones de fondo del procedimiento de impugnación del Cargo N°. 115/10 formulado en la Actuación N° 12625-625-2009, toda vez que no corresponde que este Tribunal se subrogue en la función primigenia de resolver tal reclamo por parte de la DGA.

La Dra. Musso dijo:

I.- Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I a III del Voto del Dr. Garbarino.

II. Que corresponde resolver en autos si la resolución aduanera mediante la cual se resuelve rechazar el recurso de impugnación contra el cargo N° 115/2010, por no haber dado cumplimiento la recurrente con lo dispuesto en el art. 1033 del Código Aduanero se ajusta a derecho.
Que este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado que si bien la resolución apelada no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión debatida pone fin a la impugnación causándole un agravio a la actora que no es susceptible de reparación ulterior en el marco del procedimiento reglado en el Código Aduanero, por lo que reviste el carácter de definitiva. Debe señalarse que la CSJN, a efectos del recurso extraordinario ha sostenido que un pronunciamiento judicial reviste el carácter de definitivo cuando pone fin al pleito, impide su continuación o causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos 303;1040 “Madariaga Anchorena, Carlos J. c/ Fisco nacional y otro del 23-7-81). La resolución que en autos se apela se encuentra comprendida dentro de las interlocutorias con fuerza de definitiva las cuales son conceptuadas por Couture como “aquellas que teniendo las formas de las interlocutorias con fuerza de definitiva hacen imposible de hecho y de derecho la prosecución del juicio (Fundamentos de Derecho Procesal Civil; pág. 302, Ed. Depalma; Buenos Aires, 1978) - (TFN, Sala “E”, causa “Loma Negra SA” del 1-4-87 expte N° 5574-A entre muchas otras).
Que el Código Aduanero, en la Sección XIV, Capítulo Tercero, contiene las normas aplicables a los diferentes procedimientos que se desarrollan en sede administrativa. El art. 1030 establece que: “En los procedimientos a que se refiere este Capítulo, sólo podrán presentarse, por un derecho o un interés que no fuere propio, las personas que ejercieren una representación legal y aquellas que se encontraren inscriptas en la matrícula de procuradores o de abogados para actuar ante la Justicia Federal. En el art. 1031 dispone que el representante deberá acompañar con su primera presentación los instrumentos que acrediten la personería o representación que se invocare. En el caso de autos se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, y de acuerdo con el art. 157 de la Ley de Sociedades el representante legal de la S.R.L es el o los socios gerentes designados en el contrato social, acto constitutivo de la sociedad o posteriormente, representación que debe estar vigente a la fecha en que se la invoque.
Que a fs. 30/39 de las act. adm. la recurrente interpone recurso de impugnación contra el cargo 115/10, se presenta el Sr. Daniel Rodríguez en representación de Baltzer SRL, y en el punto I Personería manifiesta que “conforme la copia del poder que en este acto acompaño, soy apoderado de Baltzer Marítima SRL…” suscriben el escrito el Sr. Rodríguez con el patrocinio letrado del Dr. Emilio Pablo Corti Maderna. El poder al que se refiere el presentante obra agregado a fs. 42/43 solo en dos fojas que no tienen continuidad, y a fs. 44 se agrega fotocopia de la constancia que da cuenta de que se expide el primer testimonio en tres fojas, y a fs. 47 se agrega la Certificación de Copias de Documentos por la que se certifica que el documento que se agrega consta de (hay un espacio) cuatro fojas …que “corresponde a fotocopia de poder General de Administración otorgado por Baltzer Marítima SRL a Daniel Horacio Rodríguez.
A fs. 40 obra el proveído por el que se tiene por presentado en tiempo y no en forma al ATA Baltzer SRL por intermedio de su representante legal Dr. Emilio P. Corti Maderna y se intima al apoderado de la firma para que acompañe el poder original o copia certificada del mismo en el perentorio plazo de diez días según lo establecido por el art. 1030 y sgtes y cctes del CA. Notificada la recurrente de esa providencia, (ver aviso de recibo de fs. 50). A fs. 51 se presenta el Sr. Daniel Rodríguez quien manifiesta que “habiéndose omitido acompañar el poder invocado en el escrito de impugnación como consecuencia de un error involuntario, vengo a acreditar mi representación con la copia del poder que en este acto acompaño, bajo juramento de ser fiel a su original en vigencia, acompaña el poder, la certificación y legalización que se agrega a fs. 52/57 que es la misma documentación presentada al momento de interponer el recurso de impugnación y el poder que presenta, consta de 2 fojas sin continuidad, ya que en esas fojas consta solo el anverso y el reverso en blanco.
Que de lo expuesto precedentemente y documentación presentada en sede administrativa resulta que el Sr. Rodríguez no ha acreditado en sede administrativa la invocada representación, dos veces acompaña fotocopia del poder incompleta, de la que no puede determinarse si para ejercer la representación legal en los términos del CA reviste la calidad de abogado o procurador debidamente inscripto en la matricula (ley 10.996) y contrariamente a lo que manifiesta el letrado apoderado ante esta instancia, no consta en las actuaciones administrativas que hubiera presentado el original del poder. Asimismo llama la atención que el letrado apoderado ante esta instancia afirma que el Sr. Rodríguez no invocó una representación legal, sino contractual, al respecto podría sostenerse que ello implica el reconocimiento de la falta de acreditación de la representación invocada, toda vez que el art. 1030 del CA precedentemente trascripto exige que para ejercer el derecho de defensa en un procedimiento de impugnación solo puede presentarse, por un derecho o un interés que no fuere propio, las personas que ejercieren una representación legal y aquellas que se encontraren inscriptas en la matrícula de procuradores o de abogados para actuar ante la justicia federal.
Que con relación a lo expuesto en el punto 1 de fs. 6 vta del escrito de interposición del recurso cabe señalar que la aduana tuvo al señor Rodríguez por presentado y no por parte justamente por no haber acreditado la representación invocada, y en cuanto al agravio formulado en el punto 4, los arts. 1031 del CA, 31 y 32 del DR LNPA (Decreto 1883/91) de aplicación supletoria en los procedimientos aduaneros- art. 1017 del CA- y en los mismos términos el art. 47 del CPCC establecen que se puede presentar una copia firmada por el patrocinante o por el apoderado y que el administrador –juez aduanero- puede requerir la presentación del testimonio original para acreditar la autenticidad de la copia (cfme. Exposición de Motivos, Sección XIV, Cap. Tercero, Ptos. 2 y 3).
Que ante los claros términos del art. 1030 del CA, un poder de administración no es suficiente para ejercer una representación legal-procesal en un procedimiento reglado por ley.
Que si bien es cierto que el juez aduanero en el proveído de fecha 29 de marzo de 2010 le atribuye al Dr. Emilio P. Corti Maderna, el carácter de representante legal, quien en el escrito de interposición del recurso de impugnación interviene como letrado patrocinante, y que en ese mismo proveído se intima al apoderado de la firma para que acompañe el poder original, (tal como lo señala el letrado ante esta instancia en el punto 1 de fs. 6 vta y 7 de autos) notificación que le fue dirigida a Baltzer SRL y no al Sr. Rodríguez, y que en nada altera la situación toda vez que lo que debía acreditarse era la representación y/o mandato que Baltzer SRL habría conferido al Sr. Rodríguez para representarlo en la actuación que tramitaba en sede aduanera y es así que con motivo de esa notificación se presenta el escrito, el poder y documentación que se agrega a fs. 51/57, reseñada precedentemente, con la que el Sr. Rodríguez no acredita la representación de Baltzer Marítima SRL, y cabe reiterar que se presentaron 2 fojas del poder sin continuidad y no se presentó el original como lo afirma el letrado apoderado en esta instancia
Que la intimación de fs. 48 de las act. adm. fue efectuada en cumplimiento de normas legales específicas que rigen el procedimiento en sede aduanera y la acreditación de la representación legal constituye un requisito esencial del procedimiento, ya que lo contrario, hubiere generado la sustanciación de un procedimiento contencioso viciado de nulidad, atento la falta de legitimación del impugnante.
Que tratándose de una cuestión formal-esencial, cual es la acreditación de la representación invocada, en un procedimiento reglado por la ley, no cabe hacer aplicación del principio del informalismo ya que ello implicaría concretamente no aplicar o aniquilar las normas del Código Aduanero referidas a la acreditación de la representación previstas para los procedimientos que se sustancien en sede aduanera, en el caso, el procedimiento de impugnación motivo de los presentes autos.
Que por lo expuesto corresponde confirmar la resolución N° 426/10 (AD SANI), con el efecto de que ha quedado firme el cargo N° 115/10, aunque no ha pasado en autoridad de cosa juzgada conforme doctrina de los arts. 1069 y 1183 del Código Aduanero -Exposición de Motivos- en cuanto la resolución que se confirma no se ha expedido sobre el fondo de la cuestión, por lo que el administrado a través del procedimiento de repetición previsto en el Código Aduanero, art. 1068 y siguientes, previo pago del importe exigido por la aduana puede solicitar ante la DGA la revisión de la cuestión.

Por ello Voto por:
Confirmar la resolución N° 426/10 (AD SANI) apelada en autos, con costas.

El Dr. Basaldúa dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Musso

Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:

Confirmar la resolución N° 426/10 (AD SANI) apelada en autos, con costas.

Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese.

Por vacancia de las Vocalías de la 13a Nom. y 15a Nom. suscriben la presente el Dr. Garbarino, en su carácter de Vocal subrogante de la 13a. Nominación, la Dra. Musso, Vocal titular de la 14a Nominación y el Dr. Basaldúa, Vocal subrogante de la 15a Nominación (arts. 59 RPTFN y 1162 C.A.).